Un caso sin precedentes ha sacudido a Kentucky. El 19 de septiembre de 2024, el juez Kevin R. Mullins fue privado de su vida, a tiros, en su despacho de Letcher County. El principal acusado es nada menos que su viejo amigo y entonces sheriff, Shawn “Mickey” Stines. Lo que en un inicio parecía un crimen personal ahora adquiere tintes mucho más turbios.
En las últimas semanas, testigos han declarado que el juez Mullins habría encabezado un esquema de “sexo por favores”, en el que jóvenes mujeres eran presionadas a participar en fiestas sexuales a cambio de beneficios judiciales o por miedo a represalias. La presunta víctima Tya Adams aseguró que “era un secreto a voces” y que muchas se sentían atrapadas.
Otra testigo, la ex carcelera Sarah Davis, describió el ambiente del tribunal como “asqueroso” y lleno de encubrimientos. Aún más impactante resultó la declaración de Sabrina Adkins, quien afirmó haber visto videos grabados en la oficina del juez, donde él mismo participaba en conductas de sextorsión junto a otros funcionarios locales.
Con este contexto, el asesinato cobra una nueva dimensión. ¿Fue Stines un cómplice que decidió poner fin al pacto? ¿O un sheriff atrapado en una red de chantajes? Su defensa alega que actuó en un estado emocional alterado, pero la fiscalía sostiene cargos de asesinato en primer grado.
Lo cierto es que la comunidad exige respuestas. Para muchos, este crimen evidencia cómo la corrupción y los abusos de poder pueden extenderse incluso a los más altos cargos judiciales.
Algunos comparan el caso con el de Jeffrey Epstein, recordando que las redes de explotación y chantaje suelen estar tejidas por personas influyentes.
Las voces en redes sociales reflejan la indignación: “Algo sucio y asqueroso de quienes debían impartir la ley”, escribió un usuario, mientras otros insisten en que deben salir a la luz todos los implicados.
Hoy, el caso Mullins ya no se percibe solo como un crimen entre dos viejos amigos. Es, más bien, la punta de un iceberg que expone cómo la justicia puede ser corrompida desde adentro, con víctimas silenciadas y autoridades cómplices. El juicio contra Stines apenas comienza, pero la sombra de un sistema podrido se cierne sobre Kentucky.
Fuente: New York Post
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