El estado de Florida aguarda la autorización del gobierno federal para habilitar un tercer centro de detención de inmigrantes y evalúa, además, la construcción de una cuarta instalación, como parte de su estrategia para reforzar la cooperación con la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. El anuncio fue realizado por el gobernador Ron DeSantis, quien defendió la necesidad de aumentar la capacidad de retención ante el volumen de arrestos registrados en el último año.
Según explicó el mandatario, la nueva instalación proyectada se ubicaría en la región del Panhandle, al noroeste del estado, y su apertura dependerá de la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). DeSantis aseguró que Florida está preparada para ponerla en funcionamiento de inmediato si recibe luz verde de Washington. “Si la aprueban, la abriremos. Si no, esperaremos, pero creemos que es necesaria porque el espacio de detención actual no es suficiente”, afirmó.
El anuncio se produjo durante una conferencia de prensa celebrada frente a una antigua prisión estatal en el noreste de Florida, reconvertida recientemente en un centro de detención apodado “Deportation Depot”, el segundo en operar bajo este esquema. El gobernador también mencionó la existencia de una opción adicional en el sur del estado, donde ya funciona otra instalación conocida como “Alligator Alcatraz”, levantada en una pista de aterrizaje remota dentro de los Everglades.
La portavoz del gobernador, Molly Best, indicó que los detalles sobre la localización exacta del centro en el Panhandle, así como de la posible cuarta instalación, se darán a conocer únicamente después de que las autoridades federales completen el proceso de aprobación. “Hasta que todo esté finalizado, no podemos ofrecer información adicional”, señaló.
DeSantis sostuvo que Florida ha intensificado de manera significativa los arrestos de inmigrantes en situación irregular. De acuerdo con sus cifras, 10.000 personas fueron detenidas en el último año mediante operativos conjuntos entre agencias estatales y federales, mientras que otras 10.000 fueron arrestadas por autoridades locales, para un total de 20.000 detenciones. El gobernador añadió que el 63 % de los arrestados tenía antecedentes penales o condenas previas, argumento que utiliza para justificar la expansión de la infraestructura de detención.
Florida se ha posicionado como uno de los estados más activos en el respaldo a la política migratoria federal, y DeSantis ha reiterado que su administración busca ofrecer capacidad adicional para facilitar las deportaciones. Desde Washington, la Casa Blanca ha elogiado estos esfuerzos y ha señalado a Florida como un modelo para otros estados gobernados por republicanos.
Sin embargo, la estrategia no ha estado exenta de controversias. Abogados y organizaciones de derechos civiles han denunciado condiciones precarias en el centro de los Everglades, alegando inundaciones por lluvias, presión a los detenidos para firmar órdenes de salida voluntaria y limitaciones para acceder a asesoría legal. Estas denuncias han dado lugar a tres demandas federales que cuestionan tanto las condiciones de reclusión como la autoridad legal del estado para operar estas instalaciones.
(Con información de AP)
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