El gobierno de Estados Unidos informó que más de 55 millones de personas con visas válidas estarán bajo una “investigación continua” para detectar posibles irregularidades que puedan derivar en la revocación de sus permisos y, en algunos casos, en deportaciones inmediatas. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, busca fortalecer el control migratorio, pero ha generado preocupación entre especialistas que temen que esta vigilancia termine afectando la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los extranjeros.
De acuerdo con la declaración oficial, todos los titulares de visas estadounidenses —incluidos turistas, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes de intercambio— estarán sujetos a revisiones periódicas de antecedentes y conductas, incluso después de haber ingresado legalmente al país.
La vigilancia contempla la recopilación de información de registros policiales, datos de inmigración, antecedentes judiciales y, de manera más controvertida, publicaciones en redes sociales. Si se detectan indicios de que una persona no cumple con los requisitos de elegibilidad, su visa podría ser anulada.
El Departamento de Estado argumenta que el objetivo es identificar casos de estancia prolongada, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública o apoyo al terrorismo. No obstante, expertos advierten que la aplicación podría ser discriminatoria o excesiva.
“Esto parece ser una ampliación de la vigilancia hacia opiniones políticas expresadas en redes sociales, más que una revisión basada en la conducta”, señaló David J. Bier, director de política migratoria del Cato Institute, en declaraciones a The Washington Post.
Según Bier, la revisión masiva es poco factible en términos prácticos, pero podría dirigirse de forma selectiva contra ciertos grupos de inmigrantes o categorías de visas. Otros analistas cuestionan la eficacia de destinar tantos recursos a personas que, en algunos casos, ni siquiera planean regresar a Estados Unidos, como ocurre con quienes poseen visas de turista de entradas múltiples.
Aunque los titulares de visas ya estaban sujetos a controles en caso de delitos o irregularidades, la administración de Donald Trump ha dado un paso más allá al plantear esta vigilancia constante y generalizada. El endurecimiento incluye entrevistas obligatorias en persona, la revisión de dispositivos electrónicos en las solicitudes y ahora la incorporación de sistemas avanzados de análisis de datos para monitorear a millones de extranjeros.
La medida representa, según expertos, un cambio de enfoque: de revisiones puntuales a un sistema de control preventivo y permanente. Incluso quienes ya cuentan con autorización legal podrían ver sus permisos anulados de manera abrupta.
Uno de los sectores más afectados ha sido el estudiantil. El Departamento de Estado informó que, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, se han revocado más de 6,000 visas de estudiantes. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con estadías prolongadas, violaciones de leyes locales y delitos como conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Alrededor de 200 a 300 de esas revocaciones estuvieron vinculadas a presunto apoyo a organizaciones terroristas o a países designados como patrocinadores del terrorismo.
Actualmente, unos 12,8 millones de residentes permanentes legales y 3,6 millones de personas con visas temporales viven en Estados Unidos. A ellos se suman millones de turistas de todo el mundo que entran y salen cada año.
La cifra de 55 millones de visas bajo revisión revela que el alcance de esta política va mucho más allá de los residentes actuales: incluye también a quienes se encuentran en el extranjero y cuentan con permisos activos para ingresar.
Julia Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, cuestionó el valor de incluir en este proceso a viajeros que podrían no regresar: “Es un gasto enorme de recursos revisar a millones de personas que quizá nunca pongan un pie en territorio estadounidense nuevamente”.
El gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional, pero los críticos ven un riesgo de que se utilicen como herramientas de censura política y de persecución selectiva.
En palabras de Bier, “si la política termina enfocándose en las opiniones más que en las conductas, se corre el peligro de castigar a quienes simplemente ejercen su libertad de expresión”.
(Con información de Univisión y AP)
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