El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes un ambicioso paquete de medidas para reforzar el control sobre las grandes plataformas digitales, con el objetivo de combatir los abusos en redes sociales y proteger especialmente a los menores. El anuncio lo realizó durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái, donde calificó el actual ecosistema digital como “un Estado fallido en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.
Entre las iniciativas más destacadas figura la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Esta medida ya está contemplada en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales que se tramita en el Congreso y se alinea con decisiones adoptadas por otros países europeos como Francia o Portugal. “Vamos a proteger a nuestros jóvenes del salvaje Oeste digital”, afirmó.
Sánchez advirtió del enorme poder económico y político de las grandes tecnológicas, subrayando que su influencia “no puede estar por encima de la democracia ni de la ley”. En ese contexto, anunció que el Gobierno impulsará cambios legislativos para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de los contenidos ilícitos si no actúan con diligencia para retirarlos. Esto implicaría que consejeros delegados y altos cargos puedan enfrentar responsabilidad penal por la difusión de discursos de odio u otros contenidos ilegales.
Aunque la Unión Europea ya impone obligaciones a las plataformas mediante el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), el presidente apuntó a un paso más allá: trasladar la responsabilidad directa de las infracciones a los máximos responsables empresariales. No obstante, no precisó aún qué reformas normativas concretas se utilizarán para ello.
Otra de las medidas anunciadas es la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y de la amplificación deliberada de contenidos ilegales o desinformativos. Sánchez sostuvo que no se puede seguir alegando neutralidad tecnológica cuando los algoritmos contribuyen a propagar el odio o la polarización con fines lucrativos. Sin entrar en detalles técnicos, afirmó que tanto los actores que generan estos contenidos como las plataformas que los amplifican serán objeto de investigación.
El presidente también adelantó la creación de una “huella de odio y polarización”, una herramienta destinada a medir y cuantificar cómo las redes sociales fomentan la división social. Este sistema serviría de base para futuras sanciones, bajo el principio de que “difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético”.
Asimismo, anunció una coordinación directa con la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos a través de plataformas como TikTok, Instagram o herramientas de inteligencia artificial como Grok, vinculada a X. El Gobierno defiende una política de “tolerancia cero” frente a contenidos ilegales, especialmente aquellos que afecten a menores.
Sánchez reconoció que se trata de un desafío que supera las fronteras nacionales y confirmó que España se ha aliado con otros cinco países europeos para impulsar una respuesta coordinada que permita una regulación más estricta y eficaz del entorno digital. El objetivo, concluyó, es “convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático”, consciente de que la batalla será compleja, pero necesaria para las próximas generaciones.
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