Desde el 1 de febrero de 2026, millones de personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) comenzaron a enfrentar nuevas restricciones y requisitos laborales, tras la entrada en vigor de cambios aprobados bajo la ley federal “One Big Beautiful Bill”. El programa, el mayor de asistencia alimentaria del país, beneficia actualmente a cerca de 42 millones de estadounidenses, y los ajustes generarán un fuerte impacto en varias regiones, especialmente en Florida, Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado y West Virginia.
Entre los cambios más significativos se incluyen nuevas obligaciones laborales para acceder a los beneficios. Ahora, todas las personas entre 18 y 65 años sin dependientes deberán trabajar o participar en un programa laboral al menos 80 horas al mes. Antes, el límite de edad para estas exigencias era de 55 años. Además, padres y adultos en hogares con hijos de 14 años o más también deberán cumplir con estas obligaciones, mientras que veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de crianza temporal pierden las exenciones anteriores. Solo los estados con un desempleo local del 10% o más podrán ampliar beneficios, limitando la flexibilidad estatal.
La ley también restringe la elegibilidad migratoria. A partir de ahora, solo ciudadanos estadounidenses y ciertos residentes permanentes legales podrán acceder al programa. Se elimina el acceso para otros inmigrantes legalmente presentes, incluidos algunos refugiados, solicitantes de asilo y sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas.
Otra modificación clave afecta directamente el uso de los beneficios: los beneficiarios no podrán comprar productos altos en azúcar, como bebidas azucaradas, golosinas, snacks salados y postres preparados. Según el Departamento de Agricultura, esta medida busca reducir enfermedades asociadas con la alimentación, dado que estos productos representaban aproximadamente el 20% del gasto mensual del programa SNAP. Antes, los beneficiarios podían adquirir casi todos los alimentos, salvo alcohol, tabaco, comidas calientes o preparadas y productos de cuidado personal.
Estos cambios tendrán un fuerte impacto económico: se prevé que SNAP sufrirá recortes de hasta 186 mil millones de dólares hasta 2034, y los estados deberán cubrir hasta el 15% del costo de los beneficios, además de asumir mayores gastos administrativos.
Si bien el Departamento de Agricultura defendió las medidas como un intento de reducir el fraude y fomentar la responsabilidad laboral, el Servicio de Investigación del Congreso advirtió que la mayoría de los pagos indebidos se deben a errores administrativos, no a fraude intencional. Expertos y defensores de familias de bajos recursos alertan que estos recortes y nuevas restricciones podrían dejar a millones sin acceso suficiente a alimentos, justo en un contexto de incremento sostenido en los precios de productos básicos.
Con los nuevos requisitos laborales, la limitación de compras y las restricciones migratorias, SNAP enfrenta su mayor transformación en años, generando preocupación entre beneficiarios, legisladores estatales y organizaciones de asistencia social que advierten sobre un aumento de la inseguridad alimentaria en varias comunidades del país.