El pasado 23 de enero, Oscar Silvera Martínez, exministro de Justicia de Cuba, asumió oficialmente la presidencia del Tribunal Supremo Popular (TSP), sustituyendo a Rubén Remigio Ferro. El nombramiento marca el retorno de Silvera Martínez a un órgano donde ya se había desempeñado como vicepresidente.
Natural de Bayamo, Silvera Martínez inició su carrera en el Tribunal Provincial de Granma, bajo la supervisión de su padre, y posteriormente ocupó cargos en la Dirección de Supervisión y Atención a la Población del TSP. Más tarde fue jefe de despacho de Remigio Ferro, vicepresidente del TSP y finalmente ministro de Justicia, antes de regresar ahora a la presidencia del Tribunal.
El cambio fue propuesto por Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, y analistas consultados por DIARIO DE CUBA indican que no se esperan modificaciones significativas en el sistema judicial cubano. Según una magistrada, dos juezas y una abogada, el nombramiento profundiza la subordinación del aparato judicial a intereses políticos y refuerza prácticas de control por parte de la Seguridad del Estado.
Las fuentes señalan que Silvera Martínez, durante su vicepresidencia del TSP, supervisó causas penales de carácter político incluso antes de que ingresaran formalmente al sistema judicial. Se habrían usado canales de comunicación especiales y traslados presenciales de jueces para coordinar decisiones en casos sensibles. Asimismo, se habrían condicionado decisiones judiciales —como la admisión de pruebas, medidas cautelares o juicios— a su aprobación personal o a la validación de órganos de inteligencia.
El informe también destaca su vínculo cercano y prolongado con oficiales del MININT, incluidos Alejandro Castro Espín y otros miembros de la Seguridad del Estado, lo que habría sido determinante para su designación por encima de otros juristas con mayor independencia técnica y méritos profesionales.
Con este nombramiento, Silvera Martínez retoma un rol clave en la estructura judicial cubana, manteniendo la línea de supervisión política de los tribunales y la coordinación directa con la Seguridad del Estado en casos considerados de alto impacto.
Con información de Diario de Cuba
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