El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el operativo militar de Estados Unidos que terminó con la destrucción de una lancha frente a las costas de Venezuela y la presunta muerte de 11 personas. El mandatario cuestionó la legitimidad de la acción, señalando que, de confirmarse, se trataría de un “asesinato en cualquier parte del mundo”.
La embarcación, señalada por Washington de transportar droga, fue atacada en medio de un amplio despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, iniciado a mediados de agosto. El operativo incluye destructores, aviones de reconocimiento P-8, buques de guerra y un submarino nuclear, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Sin embargo, para Petro y otros observadores, también representa una maniobra de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por EE. UU. de liderar el denominado Cartel de los Soles, catalogado como organización terrorista.
El mandatario colombiano insistió en que la lucha contra las drogas debe llevarse a cabo sin recurrir a la fuerza letal. “Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que van en esas lanchas no son grandes narcos, sino jóvenes pobres del Caribe y el Pacífico”, escribió en la red X. Además, advirtió que la escalada militar podría desestabilizar la región y convertir a Venezuela en una “nueva Siria”.
Petro ha sido el único presidente latinoamericano en pronunciarse con tanta contundencia sobre el incidente. Colombia, que ocupa actualmente la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocó el lunes a una reunión de urgencia con 23 países. La canciller Rosa Villavicencio declaró tras el encuentro que América Latina debe preservarse como “una región de paz” y rechazó cualquier acción armada sin consentimiento de los Estados afectados.
El ataque también generó preocupación en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, subrayó que el combate al narcotráfico debe realizarse por vías “civiles y policiales, nunca militares”. En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió resolver las tensiones entre EE. UU. y Venezuela “por medios pacíficos”.
Hasta el momento, ni Brasil ni México —las dos principales potencias de izquierda de la región— han emitido un pronunciamiento oficial tras el ataque, aunque en semanas anteriores expresaron su inquietud por el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas.
A diferencia de Petro, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por no referirse directamente al ataque. Sin embargo, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, calificó de falso el video difundido por Washington, alegando que se trata de un montaje creado con inteligencia artificial. “Parece que Marco Rubio [secretario de Estado de EE. UU.] sigue mintiéndole a su presidente”, escribió en Telegram, compartiendo una respuesta de una plataforma digital que cuestionaba la autenticidad del material.
El incidente ocurre en un contexto de fricciones cada vez mayores entre Bogotá y Washington. Petro ya había mostrado distancia en enero, cuando rechazó vuelos de deportados enviados desde EE. UU. en condiciones que calificó de “indignas”. Su discurso refuerza una línea crítica frente a las políticas de seguridad militarizadas, tanto en materia migratoria como en el combate al narcotráfico.
En contraste, el presidente Maduro, pese a haber denunciado recientemente que Venezuela enfrenta “la más grande amenaza en un siglo”, ha evitado referirse al ataque de manera directa, quizás para no dar legitimidad al video difundido por EE. UU.
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