El Examen Único de Residencias Médicas, una de las evaluaciones más importantes del sistema de salud argentino, quedó bajo la lupa tras detectarse un fenómeno estadístico nunca visto: un número inusualmente alto de puntajes sobresalientes, especialmente entre aspirantes formados en universidades extranjeras.
Más de 7.000 profesionales rindieron la prueba, pero un mes después, el Ministerio de Salud detectó que muchos de los puntajes más altos provenían de candidatos que, en su trayectoria académica, no habían mostrado un rendimiento similar. La sospecha de fraude llevó a suspender el orden de mérito y convocar a una nueva evaluación, según la Resolución 2274/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Cómo operaba el fraude
La investigación preliminar apunta al uso de tecnología espía de última generación. Entre los métodos detectados, se encuentra el empleo de lentes inteligentes con cámara oculta y conexión directa a sistemas de inteligencia artificial, capaces de capturar preguntas y devolver respuestas en tiempo real.
Modelos como los Ray-Ban Meta Smart Glasses o los Rokid Max Pro ya se comercializan en Asia y Europa, e integran microcámaras casi invisibles, conexión Wi-Fi o 5G y, en algunos casos, pantallas de realidad aumentada que proyectan información directamente sobre el lente. En un examen presencial sin detectores electrónicos, estos dispositivos pueden pasar inadvertidos.
El proceso era simple pero sofisticado: el aspirante capturaba discretamente las preguntas, las enviaba a un servidor en la nube y, mediante una API conectada a una IA —como ChatGPT—, recibía en segundos la respuesta médica precisa proyectada en sus lentes.
Otra variante aún más difícil de detectar consistía en usar un microauricular Bluetooth casi invisible, conectado a un teléfono oculto. El aspirante dictaba las preguntas en voz baja y recibía la respuesta auditada por un asistente remoto, que podía estar en cualquier parte del mundo. La miniaturización del hardware y la velocidad de la IA —capaz de resolver casos clínicos en menos de tres segundos— fueron claves para el éxito del esquema.
Antecedentes y fallos en la supervisión
No es la primera vez que se detecta fraude tecnológico en evaluaciones académicas, aunque la mayoría de los casos previos se dieron en exámenes virtuales durante la pandemia. La diferencia aquí es que el examen era presencial, pero carecía de medidas de control como inhibidores de señal, escaneo corporal, cámaras de vigilancia o grabación en video.
Esta laxitud permitió que los dispositivos pasaran sin detección, dejando como única evidencia los patrones estadísticos anómalos: un aumento del 33,6 % en las notas más altas respecto a años anteriores, sin correlación con el historial académico de los postulantes.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, hay más de 200 casos en revisión, y universidades extranjeras de escaso reconocimiento colocaron a decenas de egresados entre los 500 mejores puestos, algo sin precedentes.
El nuevo examen y el derrumbe de las calificaciones
Ante la magnitud de las sospechas, el Ministerio de Salud convocó a 141 aspirantes a repetir la prueba, realizada en el Palacio Libertad. De ellos, se presentaron 117 de los presuntamente implicados.
El resultado confirmó las sospechas: ninguno logró revalidar su nota original. En la mayoría de los casos, las diferencias fueron notorias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó que 109 de los 117 examinados nuevamente eran médicos extranjeros y subrayó que la salud, el mérito y la idoneidad “no se negocian, mucho menos cuando la vida de los pacientes está en juego”.
Las autoridades también observaron que un alto número de egresados de universidades ecuatorianas aparecía entre los puntajes más altos de la prueba original, un patrón sin precedentes en ediciones anteriores del examen.
Impacto y próximos pasos
El ministro Mario Lugones advirtió que no se permitirá el ingreso a residencias médicas mediante engaños, recordando que detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención. La investigación sigue en curso, con medidas como el secuestro y análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos, así como la toma de declaraciones a responsables del examen.
Las autoridades buscan no solo sancionar a los responsables, sino también reforzar los mecanismos de seguridad para impedir filtraciones futuras.
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