El año 2026 podría marcar una nueva etapa de mayor presión migratoria en Estados Unidos, según explicó el abogado de inmigración José Guerrero en una entrevista difundida por Univision Noticias.
De acuerdo con el especialista, el presidente Donald Trump se prepara para implementar una política todavía más agresiva contra los inmigrantes, respaldada por miles de millones de dólares en nuevos fondos federales, aun cuando crece la oposición a las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el país se encamina hacia las elecciones de medio término.
Durante la conversación, Guerrero señaló que, aunque intenta mantener una visión optimista, el contexto obliga a ser realista.
Recordó que durante la campaña presidencial se prometieron deportaciones masivas, y que en 2025 ya se han visto resultados concretos de esa política. Según el abogado, lejos de disminuir, las deportaciones podrían aumentar en 2026, impulsadas por un mayor presupuesto y la contratación de más agentes migratorios.
El especialista advirtió que se espera una expansión de las redadas a más ciudades, con operativos más frecuentes y coordinados. A su juicio, el objetivo del gobierno federal es cumplir con las metas de deportación anunciadas, utilizando todos los recursos disponibles.
En el análisis de casos específicos, Guerrero se refirió a la audiencia del migrante Kilmar Ábrego García, celebrada en una corte federal de Maryland. Explicó que en este proceso se define si ICE puede detenerlo nuevamente y bajo qué condiciones. Ábrego García había sido liberado por un tecnicismo legal relacionado con una orden de deportación emitida en 2019 y por cuestionamientos sobre el motivo de su detención. El abogado indicó que existe la posibilidad de una nueva detención, aunque la decisión final depende de la jueza y de la evaluación de su caso de asilo.
Otro punto relevante abordado en la entrevista fue el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional sobre la revisión de expedientes de ciudadanos naturalizados y residentes permanentes a partir de 2026.
Guerrero explicó que el gobierno busca detectar fraude migratorio, incluyendo omisiones de arrestos, crímenes no declarados, documentación falsa o información incorrecta presentada durante los procesos de residencia o ciudadanía.
El abogado aclaró que todos los casos migratorios podrían ser revisados si las autoridades consideran que hubo engaño. Esto incluye matrimonios utilizados para obtener beneficios migratorios, siempre que se demuestre que existió falsedad o información ocultada. Subrayó que el elemento clave es la veracidad: mentir u omitir datos relevantes puede derivar en la revocación de la residencia o incluso de la ciudadanía.
Finalmente, Guerrero recomendó a las personas naturalizadas o con residencia permanente reunir y conservar toda la documentación que respalde la legalidad de su proceso y buscar asesoría legal preventiva. Contar con pruebas claras y un abogado que revise el caso puede ser determinante ante un escenario migratorio que, según advirtió, será más estricto en 2026.
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