El Gobierno cubano volvió a marcar una línea roja este martes al descartar de forma tajante cualquier posibilidad de incluir la liberación de presos políticos en un eventual diálogo con Estados Unidos. La postura, expresada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirma la rigidez del régimen en un contexto de creciente presión internacional y de comparaciones inevitables con el proceso que atraviesa Venezuela.
En declaraciones a la agencia EFE, el diplomático aseguró que no existe intención alguna de abordar ese tema en conversaciones con Washington. “No vemos razón ni vínculo entre el bloqueo petrolero y el asunto de los presos”, afirmó, dejando claro que La Habana no contempla concesiones políticas como parte de un posible acercamiento bilateral.
Las palabras de Fernández de Cossío llegan mientras Venezuela avanza en un proceso de liberación de detenidos por motivos políticos, impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En Caracas, la administración interina ha anunciado medidas de reconciliación supervisadas internacionalmente, enmarcadas en una hoja de ruta que contempla estabilización, recuperación y transición democrática.
Cuba, en cambio, opta por el inmovilismo. El vicecanciller insistió en que el régimen no aceptará discutir asuntos internos como reformas políticas, económicas o constitucionales. Comparó esa exigencia con una hipotética intervención cubana en temas como la Constitución estadounidense o las redadas migratorias, algo que calificó de inaceptable.
Analistas consideran que este endurecimiento del discurso busca enviar un mensaje de control interno y marcar distancia del escenario venezolano. Para muchos expertos, la negativa a hablar de presos políticos refleja el temor del régimen a reconocer la existencia de oposición organizada en la isla. “Hablar de presos sería admitir que existen”, explicó un académico consultado, señalando que el Estado los presenta como delincuentes comunes para evitar ese reconocimiento.
Las cifras, sin embargo, contradicen la narrativa oficial. Según Prisoners Defenders, más de 1.000 personas permanecen privadas de libertad en Cuba por motivos políticos o de conciencia. Organizaciones como Justicia 11J, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y el uso del Código Penal como herramienta de castigo al disenso.
Pese a los llamados de la ONU, el Parlamento Europeo y la CIDH, La Habana mantiene su negativa. Mientras Venezuela avanza hacia una transición controlada, el régimen cubano se atrinchera: diálogo técnico, sí; concesiones políticas, ninguna.
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