Un juez federal de distrito en San Francisco frenó la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes. El magistrado Edward Chen determinó que la cancelación dispuesta en 2021 y 2023 carecía de fundamentos sólidos, por lo que restituyó el beneficio al menos hasta octubre de 2026.
El fallo representa un alivio para más de un millón de personas, entre ellas venezolanos y haitianos que dependen del programa para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En el caso de los haitianos, la protección estaba programada para expirar este mismo mes, lo que generaba gran incertidumbre en sus comunidades.
La orden que ahora queda sin efecto había sido firmada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien alegó que las condiciones en Venezuela y Haití habían cambiado de manera significativa. Según su planteamiento, la mejoría en infraestructura y otros factores ya no justificaba extender el amparo.
Sin embargo, la defensa de los tepesianos calificó esa determinación de “arbitraria y caprichosa”. Los demandantes argumentaron que la situación en ambos países continúa siendo crítica: Venezuela enfrenta un prolongado colapso político y económico, mientras que Haití sufre violencia generalizada por el control de pandillas, lo que mantiene a gran parte de su población en estado de vulnerabilidad.
El juez Chen coincidió con esa visión y sostuvo que la realidad sobre el terreno contradice la decisión gubernamental de suspender el programa.
La administración Trump ha mantenido advertencias oficiales contra viajar tanto a Venezuela como a Haití, lo que, a juicio de expertos, contradice la idea de que existan condiciones seguras para el regreso de los migrantes.
En días recientes, Estados Unidos ha intensificado su retórica contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de estar vinculado con actividades criminales transnacionales. Al mismo tiempo, ha desplegado buques de guerra en el Caribe, un recordatorio de la inestabilidad en la región.
Para las comunidades inmigrantes, la decisión judicial supone un respiro en medio de esa tensión. “Esta medida devuelve esperanza y estabilidad a miles de familias que estaban al borde del desamparo legal”, expresó uno de los representantes de los demandantes.
Aunque la administración federal aún podría apelar, el fallo garantiza a corto y mediano plazo que los beneficiarios del TPS mantengan su estatus migratorio hasta 2026. Durante este tiempo, seguirán teniendo acceso a permisos de trabajo y protección frente a la deportación, lo que les permite contribuir de manera estable a la sociedad estadounidense.
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