El caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño de 30 años residente en Maryland, genera indignación y alarma en la comunidad migrante de Estados Unidos.
Abrego fue detenido el lunes por la mañana al acudir a una cita de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, y enfrenta la posibilidad de ser deportado a Uganda, un país africano con abusos documentados de derechos humanos.
La noticia de su detención fue recibida con consternación por su familia y defensores, quienes temen que la deportación lo exponga a peligros graves.
El propio Abrego se despidió de quienes lo acompañaban con un mensaje cargado de fe y esperanza: “Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Dios hará justicia por todas las injusticias que estamos sufriendo”.
Su esposa abandonó la oficina con lágrimas en los ojos, mientras el futuro de la familia quedaba en suspenso. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el proceso de deportación está en curso, mientras que sus abogados han presentado una demanda ante un tribunal federal de distrito para impedir la expulsión.
El historial de Abrego evidencia la vulnerabilidad de los inmigrantes frente a decisiones administrativas arbitrarias. En marzo fue deportado por error a El Salvador y posteriormente regresado a Estados Unidos tras demostrar que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia en su país natal.
Actualmente, se le acusa de cargos de tráfico de personas derivados de una parada de tráfico ocurrida en 2022, que él niega categóricamente. Sus abogados sostienen que la detención y las acusaciones forman parte de una estrategia que busca presionarlo para aceptar una deportación a Costa Rica a cambio de declararse culpable de un delito que afirma no haber cometido.
La oferta de Costa Rica, un país de habla hispana cercano a su familia en Estados Unidos, contrasta con la amenaza de ser enviado a Uganda, donde podría enfrentar persecución y tortura.
Expertos y defensores del inmigrante consideran que esta situación evidencia “la falta de proporcionalidad y humanidad en la aplicación de las políticas migratorias”, y subrayan que la familia de Abrego ya ha sufrido demasiado.
Mientras su caso sigue en tribunales, Abrego García se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan los inmigrantes ante un sistema que puede determinar su destino sin tener en cuenta sus lazos familiares, su idioma o su seguridad personal.
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