La crisis económica que golpea a Cuba continúa empujando a los ciudadanos, especialmente a los del sector agropecuario, hacia formas ilegales de comercio como única vía de subsistencia. En este contexto, las autoridades del municipio Tercer Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, detuvieron recientemente a un hombre identificado como Reinerio, en cuya vivienda fueron encontrados más de 80 sacos de café sin documentación legal.
El operativo tuvo lugar en la localidad de La Juba y sorprendió a pocos. Según vecinos del lugar, desde hace tiempo era sabido que en esa casa se almacenaban grandes cantidades de café para su posterior venta clandestina. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizó el registro y decomisó los sacos, al no presentar el propietario documentos que acreditaran su procedencia legal.
Este suceso pone de manifiesto una realidad cada vez más extendida en el interior del país: los productores agrícolas, especialmente los cafetaleros, prefieren vender sus cosechas en el mercado informal antes que entregarlas al Estado. Las razones son muchas y bien conocidas por el campesinado. En primer lugar, los precios que pagan las empresas estatales por el café son considerados ridículos frente a los costos reales de producción. A esto se suma la crónica falta de liquidez de estas entidades, que provoca demoras prolongadas en los pagos, dejando a los agricultores en una situación financiera insostenible.
Mientras tanto, en el mercado negro, el café se vende a precios considerablemente más altos y con pagos inmediatos. Esta realidad convierte el comercio ilegal en una salida casi obligada para muchos guajiros que, ante el abandono institucional y la falta de incentivos, priorizan su supervivencia y la de sus familias por encima de la legalidad.
Además, las condiciones actuales del campo cubano, marcadas por la escasez de insumos, fertilizantes y herramientas básicas, así como el deterioro de caminos y la falta de transporte, agravan aún más la situación del campesinado. Sin apoyo real del Estado ni garantías de pago, muchos agricultores consideran que entregar su producto al aparato estatal equivale a trabajar en vano.
Las autoridades, por su parte, continúan enfocándose en la represión del comercio informal sin atender las causas estructurales que lo generan. Cada decomiso es presentado como un éxito policial, pero en el fondo evidencia el colapso de un modelo agrícola que ya no logra sostenerse ni convencer a sus propios protagonistas.
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