El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, abrió una nueva línea de investigación sobre una supuesta red destinada a intervenir en procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno español. La causa ha derivado en la imputación de varias figuras vinculadas al partido socialista y en registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Madrid.
Entre los investigados figuran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la gerente del partido Ana María Fuentes. También aparece señalada la exmilitante socialista Leire Díez, considerada una de las figuras centrales del caso.
Según la investigación, Díez habría participado en maniobras dirigidas a obstaculizar o desestabilizar procedimientos judiciales sensibles para dirigentes y estructuras del PSOE. Las pesquisas apuntan a presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y actuaciones contra instituciones del Estado.
La UCO acudió este miércoles a la sede socialista en Ferraz para recopilar documentación, archivos electrónicos y registros relacionados con posibles pagos irregulares efectuados a Díez. Paralelamente, agentes realizaron actuaciones en dependencias de la Guardia Civil y registros en viviendas vinculadas a los investigados.
De acuerdo con información citada por EFE, la investigación también intenta determinar si desde organismos públicos o miembros del Instituto Armado se facilitó información reservada a la exmilitante socialista. El nombre de Leire Díez salió a la luz hace más de un año tras difundirse grabaciones en las que presuntamente trataba de influir sobre jueces, fiscales y altos cargos en favor del partido.
Uno de los focos del caso gira en torno al grupo conocido como “Hirurok” —“nosotros tres” en euskera— integrado presuntamente por Díez, el exdirector de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado a la empresa Servinabar S.L.
La investigación sostiene que esta estructura habría desviado más de 700.000 euros mediante comisiones ilegales derivadas de contratos y adjudicaciones públicas entre 2021 y 2023. Las pesquisas incluyen operaciones relacionadas con empresas estatales y ayudas públicas, entre ellas el rescate financiero a Tubos Reunidos, contratos adjudicados por Mercasa y actuaciones vinculadas al Parque Empresarial del Principado de Asturias.
El magistrado también investiga al empresario Javier Pérez Dolset, así como a abogados relacionados con el denominado “caso Koldo”. Además, el juez considera que existen indicios de colaboración por parte del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y del diputado socialista Juan Francisco Serrano Martínez, aunque por el momento no se ha concretado su posible responsabilidad penal.
Respecto a Ana María Fuentes, el juez sostiene que podría haber participado como cómplice en algunos de los delitos investigados y la vincula además con la supuesta emisión de facturas falsas.
La causa permanece bajo secreto parcial mientras continúan los registros y requerimientos de información a entidades públicas y privadas. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones conforme avance la investigación.
Fuentes: EFE y El Debate
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