Las recientes sanciones anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba han incrementado la preocupación entre empresas españolas con presencia en la Isla, muchas de las cuales evalúan actualmente cómo reducir riesgos o replantear su permanencia en el mercado cubano.
La nueva orden ejecutiva endurece el marco regulatorio estadounidense y amplía las restricciones sobre sectores considerados estratégicos para la economía cubana, entre ellos energía, minería y empresas vinculadas al aparato militar y estatal.
Según explicó a Artículo14 Fátima Rodríguez, socia responsable del área penal de Lupicinio International Law Firm, la combinación de sanciones extraterritoriales y normas ambiguas aumenta la inseguridad jurídica para compañías europeas que operan en Cuba desde hace años.
Rodríguez señaló que las empresas españolas se encuentran actualmente divididas en distintos escenarios. Aquellas con menor presencia o inversiones recientes estarían optando por congelar proyectos, limitar operaciones y preparar posibles salidas del país si las restricciones continúan endureciéndose.
En cambio, compañías con décadas de actividad en la Isla priorizan estrategias para mantenerse operativas reduciendo exposición en sectores sensibles, compartiendo riesgos con socios locales o internacionales y concentrándose en actividades cubiertas por excepciones humanitarias.
De acuerdo con la especialista, el debate empresarial ya no gira únicamente en torno a permanecer o abandonar Cuba, sino sobre las condiciones bajo las cuales resulta viable continuar operando. En varios casos, el peso de los intereses comerciales en Estados Unidos podría terminar inclinando la decisión hacia una retirada parcial o total del mercado cubano.
Las áreas más afectadas por las nuevas medidas incluyen energía, minería, transporte, banca, servicios financieros y conglomerados vinculados al aparato militar cubano. Sin embargo, el impacto también alcanza sectores indirectamente relacionados, como el turismo y la industria hotelera, donde empresas españolas mantienen una presencia relevante.
Rodríguez advirtió que las limitaciones sobre combustible, financiamiento y acceso a insumos tecnológicos pueden repercutir en toda la economía cubana, afectando actividades dependientes de esos servicios, incluidos comercios, hospitales, escuelas y cadenas de suministro alimentario.
Además, varias entidades financieras internacionales habrían comenzado a endurecer controles y restricciones sobre operaciones relacionadas con Cuba por temor a incumplir las nuevas regulaciones estadounidenses.
Entre las principales preocupaciones de las empresas figura el riesgo de ser clasificadas por bancos y proveedores internacionales como clientes de alto riesgo debido a sus vínculos con la Isla. Esa situación podría traducirse en cancelación de cuentas bancarias, dificultades para acceder a créditos, restricciones financieras y un mayor nivel de supervisión sobre sus operaciones.
Ante este escenario, numerosas compañías han comenzado a aplicar políticas internas específicas para operaciones vinculadas con Cuba, incluyendo mapas de riesgo, sistemas reforzados de aprobación y auditorías periódicas orientadas a evitar transacciones con entidades sujetas a sanciones.
La experta recordó también que las empresas europeas cuentan con mecanismos de protección como el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, diseñado para limitar los efectos de sanciones extraterritoriales impuestas por terceros países. No obstante, reconoció que estas herramientas no eliminan completamente la incertidumbre generada por las medidas adoptadas desde Washington.
Fuentes: Directorio Cubano y Artículo 14