El juicio contra ocho jóvenes vinculados al movimiento “Cuba Primero” será celebrado dentro del centro penitenciario El Típico, en Las Tunas, una decisión que familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian como una estrategia para limitar la publicidad del proceso y restringir el acceso a la información y a la ciudadanía.
Las autoridades judiciales en Las Tunas han decidido celebrar el juicio contra ocho jóvenes vinculados al movimiento “Cuba Primero” dentro del centro penitenciario El Típico, una medida que organizaciones como Cubalex consideran un grave retroceso en materia de transparencia y garantías procesales. El traslado de la sede judicial a un entorno carcelario se justifica oficialmente por la “falta de combustible”, aunque juristas y familiares denuncian que esta razón no constituye un fundamento legal válido para restringir la publicidad de las vistas orales.
Los familiares de los acusados fueron notificados con apenas 48 horas de antelación, lo que ha dificultado su desplazamiento en medio de la crisis de transporte que afecta al país. Esta situación, según denuncian, limita su derecho a asistir al proceso y debilita aún más las garantías de defensa de los imputados.
La fiscalía solicita penas de entre seis y nueve años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, en relación con supuestos vínculos en redes sociales con el movimiento “Cuba Primero”. Los acusados permanecen en prisión provisional desde inicios de 2024.
Entre ellos se encuentran jóvenes con serios problemas de salud, como enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, diabetes e incluso un diagnóstico reciente de cáncer maxilofacial. Algunos han denunciado la falta de atención médica adecuada y el uso de medidas disciplinarias como el aislamiento en celdas de castigo sin justificación aparente.
Diversas organizaciones señalan que la decisión de realizar el juicio dentro de la prisión vulnera el principio de publicidad establecido en la legislación cubana. La Ley del Proceso Penal establece que los juicios deben ser públicos, salvo excepciones muy concretas vinculadas a la seguridad nacional, la moral o el orden público.
Asimismo, expertos legales destacan que la escasez de combustible no está contemplada como causa para restringir derechos procesales. También señalan que el uso de videoconferencias habría sido una alternativa viable para garantizar la transparencia sin trasladar el proceso a un entorno cerrado.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, que alertan sobre el impacto de estas prácticas en el debido proceso y la creciente opacidad en los procedimientos judiciales relacionados con la disidencia política en Cuba.
Organizaciones de la sociedad civil insisten en que este tipo de decisiones incrementa la desconfianza ciudadana en sistema judicial, limita el acceso a la información pública y refuerza la percepción de falta de garantías en procesos vinculados a la disidencia política en país.
Fuentes: Alina Bárbara López Hernández
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