El estado de Florida inauguró un nuevo centro de detención de inmigrantes, conocido como “Deportation Depot”, reutilizando las instalaciones de la antigua Institución Correccional de Baker, cerrada desde 2021.
La prisión, situada en Sanderson a unos 70 kilómetros de Jacksonville, fue adaptada en pocas semanas para albergar inicialmente a 1,500 personas, con posibilidad de ampliarse a 2,000 camas en el futuro.
La apertura oficial fue encabezada por el gobernador Ron DeSantis, quien defendió la medida como una respuesta “eficiente y necesaria” frente a lo que calificó como una crisis migratoria. Según sus palabras, “había una parte enorme del centro que estaba desocupada. Fue una oportunidad lista para ser usada”.
El proyecto tuvo un costo de seis millones de dólares, considerablemente menor que los 245 millones destinados anteriormente al centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades.
Este último ha sido objeto de fuertes controversias legales y ambientales, incluyendo una orden judicial de cierre que fue bloqueada recientemente por un tribunal federal de apelaciones.
El fiscal general de Florida James Uthmeier también respaldó la apertura del nuevo centro, destacando el ahorro para el estado y asegurando que la instalación será utilizada en su totalidad lo antes posible.
La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem confirmó que tanto “Deportation Depot” como otros centros de detención formarán parte de una red estatal que contará con financiamiento federal. En julio, la Casa Blanca anunció una inversión de 608 millones de dólares destinada a la expansión de la infraestructura de detención migratoria en todo el país.
Sin embargo, la puesta en marcha de este nuevo centro ha desatado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Grupos como Human Rights Watch y la ACLU han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y la posibilidad de que se repitan abusos similares a los denunciados en “Alligator Alcatraz”, donde abogados reportaron inundaciones, condiciones insalubres, presión a los detenidos para firmar órdenes de deportación sin asesoría legal y ausencia de servicios básicos.
Aunque el gobernador ha asegurado que el nuevo centro ofrecerá los mismos servicios, hasta ahora no se han detallado mecanismos de supervisión ni garantías claras de representación legal para los inmigrantes recluidos.
Mientras continúa la expansión del sistema de detención, activistas, abogados y representantes de comunidades inmigrantes exigen mayor rendición de cuentas, transparencia y respeto a los derechos fundamentales de los detenidos en estas instalaciones estatales.
Fuente: Yahoo.Noticias
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