Un escándalo de sobornos millonarios ha sacudido a la empresa española Telefónica, tras revelarse su implicación en pagos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para obtener dólares a un tipo de cambio preferente en Venezuela. Los documentos judiciales, a los que ha tenido acceso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, detallan cómo la compañía habría canalizado sobornos por 28 millones de dólares a través de intermediarios y empresas ficticias. Esta situación ha llevado a que Telefónica enfrente ahora una multa de 85,26 millones de dólares y tres años de supervisión rigurosa.
En 2014, Telefónica Venezolana participó en una “subasta” de divisas del gobierno venezolano para acceder a dólares que le permitieran importar equipos esenciales para sus operaciones. Sin embargo, según los informes, los funcionarios venezolanos exigieron una comisión del 25% para garantizar el éxito en esta subasta. Para cumplir con esta demanda, Telefónica contrató a dos proveedores que inflaron los precios de los equipos, cubriendo así el coste de los sobornos. Esta estrategia le permitió acceder a aproximadamente 115 millones de dólares en divisas, de los cuales una parte se desvió a través de una empresa en Panamá, con depósitos en bancos de Nueva York.
El caso ha revelado que, mientras Venezuela sufría una grave crisis económica en 2015, con escasez de productos básicos y una inflación desbordada, algunos funcionarios se beneficiaron de estos sobornos. Los documentos judiciales indican que uno de los altos cargos implicados y un intermediario celebraron sus ganancias con unas costosas vacaciones en la isla caribeña de San Bartolomé, donde gastaron más de un millón de dólares en alojamiento, joyas y relojes de lujo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha impuesto a Telefónica una supervisión de tres años como parte del acuerdo para evitar cargos penales adicionales. Esta vigilancia implica que Telefónica deberá cumplir con estrictas normas anticorrupción, reformar su sistema de bonificaciones y adoptar políticas para prevenir futuras infracciones. Durante este periodo, la empresa estará bajo observación continua, y cualquier operación corporativa significativa deberá ser aprobada por las autoridades estadounidenses.
El acuerdo también establece que Telefónica deberá incluir cláusulas anticorrupción en sus futuras fusiones, adquisiciones y acuerdos con proveedores. Además, Telefónica tendrá que informar con 30 días de antelación si planea una transacción importante que pueda interpretarse como un intento de eludir las sanciones.
El consejo de administración de Telefónica ha revisado el acuerdo y se ha comprometido a implementar un plan de cumplimiento que incluya formación anticorrupción, cambios en su código de conducta y modificaciones en su política de incentivos. Esta supervisión abarcará las actividades tanto de la sede principal de Telefónica como de su filial en Venezuela.
Este caso expone la compleja situación de las empresas que operan en entornos de corrupción y crisis económica. Telefónica ha señalado que está colaborando con las autoridades y que los costes asociados no tendrán un impacto significativo en su situación financiera, según declaraciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2015. Sin embargo, este episodio plantea preguntas sobre la integridad de las empresas en mercados con altos niveles de riesgo.
Con este acuerdo, Telefónica buscará restaurar su reputación y evitar futuros conflictos legales. La compañía enfrenta ahora el reto de cumplir con los compromisos impuestos por el Departamento de Justicia, un proceso que podría servir de referencia para otras empresas que operan en entornos complicados.
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