La corrupción en el ámbito estatal y empresarial sigue siendo un problema grave en Cuba, y recientes casos evidencian cómo funcionarios públicos y privados se han beneficiado de prácticas ilícitas que afectan directamente los recursos del país.
Entre los casos más destacados se encuentra el de la exdirectora de Finanzas y Precios de Pinar del Río, quien ha sido acusada de malversación, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con desvío de fondos hacia una MIPYME vinculada a su persona.
Según informó el vicecontralor general, Reynol Pérez Fonticoba, durante el ejercicio de sus funciones, la exdirectora emitió órdenes de pago sin la autorización del Consejo Provincial, trasladando presupuesto no ejecutado de unas unidades a otras sin control ni supervisión.
Entre las operaciones cuestionadas se encuentra el traspaso de aproximadamente dos millones de pesos al Hogar de Ancianos Provincial de Pinar del Río, con la orden de entregarlos a una empresa privada de lavandería y mantenimiento que nunca prestó el servicio.
La investigación indicó que la MIPYME estaba vinculada a la funcionaria, beneficiándose directamente de la transacción.
Además, se le atribuye la autorización de pagos a empresas de reparación de autos, cuyos trabajos nunca se realizaron o fueron ejecutados de manera deficiente, con facturas falsificadas para justificar los desembolsos.
En total, la exdirectora enfrenta cinco delitos, incluyendo malversación y tráfico de influencias, junto a otros implicados, como el subdirector de Precios, para quien la Fiscalía solicitó 10 años de prisión, y un trabajador por cuenta propia que recibió beneficios, con una solicitud de ocho años de cárcel.
Este caso se suma a otros episodios recientes de corrupción en el país, como el de la empresa de cítricos Ceiba en Artemisa, donde se descubrió que un trabajador por cuenta propia de Camagüey recibió 30 millones de pesos para la exportación de carbón que nunca produjo, destinando los fondos a su beneficio personal. Tanto él como el director económico de Ceiba fueron detenidos y enfrentan prisión provisional.
La exposición pública de estos casos ha sido defendida por autoridades y medios oficiales, argumentando que la vergüenza pública puede disuadir futuras prácticas corruptas.
Humberto López, vocero del régimen, citando a Miguel Díaz-Canel, señaló: “No hay padrinos, no hay excepciones”.
En el caso de la exdirectora de Finanzas y Precios de Pinar del Río, la Fiscalía solicitó 15 años de cárcel, reflejando la gravedad de los delitos y la necesidad de reforzar los controles en la administración pública para prevenir la malversación de recursos esenciales en medio de la crisis económica del país.
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