España atraviesa en estos días una de las crisis más graves provocadas por incendios forestales en lo que va de siglo.
Una situación que ha dejado a su paso devastación, miedo y un sentimiento de impotencia entre quienes han visto cómo las llamas arrasan sus hogares, sus tierras y su modo de vida.
Más de 115.000 hectáreas se han quemado en apenas unas jornadas, extendiéndose desde Galicia hasta Castilla y León y alcanzando también a Extremadura, donde varios fuegos avanzan sin control y han destruido viviendas, obligando a cientos de familias a evacuar con lo puesto.
La magnitud de la catástrofe ha obligado a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias, decenas de aeronaves y brigadas forestales, que luchan contrarreloj frente a un enemigo alimentado por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y vientos que hacen impredecible la dirección de los frentes.
En Galicia, la provincia de Ourense se ha convertido en el epicentro de un desastre con al menos una docena de focos activos, algunos de los cuales han arrasado superficies superiores a las 17.000 hectáreas.
En Castilla y León, los incendios en León y Salamanca han puesto en riesgo parajes naturales de enorme valor histórico y ambiental, incluyendo zonas próximas a Las Médulas y áreas limítrofes con los Picos de Europa.
Mientras tanto, en Extremadura, la situación más crítica se vive en Jarilla, cerca de Plasencia, donde más de 6.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas y cerca de 700 personas han sido desalojadas.
La visión de pueblos enteros cubiertos por una nube de humo denso ha recorrido los medios nacionales e internacionales, reflejando la magnitud de una tragedia que afecta a miles de españoles.
Las consecuencias humanas y económicas ya son visibles. Tres personas han perdido la vida y la apicultura se ha visto duramente golpeada, con más de 3.000 colmenas calcinadas y alrededor de un centenar de apicultores sin recursos para continuar su actividad, lo que supone un retroceso de entre tres y ocho años en la recuperación del sector.
A ello se suman las pérdidas en agricultura, ganadería y turismo, pilares fundamentales de muchas de las regiones afectadas. Para la población rural, que ya sufre el abandono institucional, esta ola de incendios representa un golpe adicional a su frágil supervivencia.
Las críticas apuntan a la falta de prevención y a una gestión forestal deficiente. Expertos señalan que durante años se ha invertido más en extinción que en la creación de una verdadera cultura de prevención, lo que ha generado masas forestales llenas de combustible y sin control.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido la dureza de las condiciones meteorológicas, pero insiste en que los recursos se están desplegando con criterio técnico.
Sin embargo, voces académicas y sociales recuerdan que el abandono rural y el recorte de inversiones en prevención han preparado el terreno para que las llamas avancen con facilidad.
En medio del dolor, la esperanza se sostiene en la solidaridad, en los equipos de emergencia y en la convicción de que de las cenizas debe surgir un aprendizaje para evitar que tragedias como estas se repitan con tanta ferocidad.
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