La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una declaración pública en la que condena las restricciones impuestas a Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y cuestiona las prácticas del régimen cubano que limitan el derecho a la libertad religiosa en la isla.
Según la representación diplomática estadounidense, Soler ha sido objeto recientemente de una medida cautelar de prisión domiciliaria, un castigo que consideran arbitrario y abusivo. “¿Cuándo van a parar este abuso?”, preguntó la Embajada, en un mensaje que subraya la presión constante que enfrentan los activistas pacíficos en Cuba.
El comunicado recuerda que la Constitución cubana de 2019 garantiza derechos fundamentales relacionados con la religión. El Artículo 15 establece que “el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa”, mientras que el Artículo 57 afirma que “toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia”. Sin embargo, según la Embajada, estas disposiciones no se cumplen en la práctica, especialmente cuando el gobierno impide a ciudadanos asistir a misas o participar en actividades religiosas de manera libre.
La nota subraya que la situación de Berta Soler refleja un patrón más amplio de represión contra activistas de derechos humanos y líderes de organizaciones independientes. En este contexto, la Embajada de Estados Unidos instó al régimen cubano a respetar plenamente los derechos constitucionales y permitir que la población ejerza sus libertades sin intimidación ni represalias.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado casos similares, en los que la restricción de movimientos y la vigilancia constante buscan silenciar críticas y limitar la participación ciudadana en la vida religiosa y social.
La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional y al gobierno cubano a asegurar que la Constitución se cumpla de manera efectiva, recordando que la libertad religiosa no es solo un derecho legal, sino un componente esencial de la dignidad y autonomía de los ciudadanos.
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