El Partido Comunista de Cuba (PCC) informó recientemente que, tras un proceso de inspecciones a nivel nacional, se detectaron más de 3,000 “deficiencias” en las relaciones contractuales entre entidades estatales y formas de gestión no estatal. Aunque el discurso oficial lo presenta como una acción para “corregir ilegalidades” y “fortalecer el control interno”, el trasfondo revela un endurecimiento del acoso institucional hacia los productores privados y las mipymes, sectores que hoy representan un respiro para una economía en crisis.
De acuerdo con el informe, se revisaron casi 2,700 centros estatales y presupuestados, además de mipymes y proyectos de desarrollo local. En el operativo participaron casi 4,000 cuadros, funcionarios, auditores, estudiantes y hasta miembros de organizaciones políticas y de masas. El propio diseño del proceso refleja una práctica preocupante: el PCC asumiendo funciones de control administrativo y económico que, en cualquier país, corresponderían a instituciones técnicas independientes y no a una organización política.
Los resultados fueron presentados como alarmantes: 3,172 incidencias relacionadas con irregularidades en contratación, pagos, arrendamientos y entrega de recursos. Según el Partido, las mayores deficiencias se encontraron en Comercio, Agricultura, Transporte y en sectores presupuestados como Salud y Educación. A raíz de ello, se aplicaron más de 1,100 medidas disciplinarias y se realizaron denuncias por delitos como malversación o desvío de recursos.
Sin embargo, el énfasis en señalar problemas en las relaciones con las formas de gestión no estatal despierta sospechas. Lejos de constituir un esfuerzo real por mejorar la transparencia, estas acciones parecen responder a un patrón: fiscalizar de manera obsesiva al sector privado mientras se minimiza la responsabilidad histórica del Estado en el desastre económico actual.
En la práctica, las inspecciones se han convertido en una herramienta para intimidar a emprendedores, limitar la autonomía de las mipymes y reforzar el discurso de que todo éxito económico debe estar subordinado al control político. La crítica constante a los sistemas de pago, a los supuestos “excesos” en las fichas de costo o a los beneficios obtenidos por actores no estatales refuerza la idea de que el Gobierno teme perder el monopolio sobre la economía.
más grave es que el Partido, al colocarse como árbitro directo en estas cuestiones, borra la ya difusa línea entre política y administración pública. En lugar de impulsar reformas que estimulen la producción nacional y alivien la escasez que sufre la población, se apuesta por un modelo en el que la ideología sustituye a la gestión eficiente. El resultado es la parálisis de la economía y la desconfianza de los ciudadanos hacia cualquier iniciativa privada.
Los inspectores también destacaron vínculos de “familiaridad” entre funcionarios estatales y prestadores de servicios privados, presentándolo como prueba de corrupción. Pero detrás de esa narrativa hay una realidad innegable: en un contexto donde el Estado es incapaz de satisfacer la demanda de bienes y servicios, las relaciones personales se convierten en el único puente posible entre oferta y consumo.
La conclusión es clara: el PCC no actúa como un ente político que trace lineamientos generales, sino como un supervisor absoluto que invade todos los espacios de la economía. Esa centralización excesiva, lejos de resolver los problemas estructurales, los profundiza.
Mientras tanto, los productores privados —muchos de ellos jóvenes que apostaron por crear pequeñas empresas en medio de la adversidad— ven cómo sus oportunidades se reducen frente a un aparato estatal que, incapaz de competir en eficiencia, opta por frenar e imponer controles.
En vez de favorecer la confianza y la cooperación entre Estado y sector privado, las “comprobaciones” del Partido confirman que la estrategia sigue siendo la misma: vigilar, sancionar y limitar. Una receta que, después de más de seis décadas, ha demostrado ser letal para la economía cubana.
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