En la provincia de Granma, recientes operativos policiales revelaron el decomiso de grandes cantidades de cigarros y tabacos de producción nacional, en casos que muestran no solo el auge del mercado ilegal, sino también la profunda crisis económica que empuja a miles de cubanos a traficar con cualquier producto disponible.
Según reportes publicados en el perfil de Facebook Entérate con Aytana Alama, cercano a la Policía Nacional Revolucionaria, en Manzanillo fueron detenidos dos individuos que transportaban una carga significativa de cigarros para su reventa a precios inflados. Durante la detención, uno de los acusados intentó sobornar a un agente del Ministerio del Interior, pero la maniobra no prosperó. Ahora enfrentará cargos por acaparamiento y cohecho.
En otro operativo en Bayamo, las autoridades interceptaron a tres personas que acaparaban paquetes de tabacos para su venta ilegal en la vía pública. Aunque no se especifica, en ambos casos, los más probable es que los productos procedan de empresas estatales, lo que sugiere la existencia de filtraciones internas facilitadas por la corrupción y el desvío de mercancías.
Este tipo de decomisos se ha vuelto habitual en Cuba, donde la economía informal no es una excepción, sino un mecanismo de supervivencia para gran parte de la población. Los bajos salarios, la escasez crónica y la inflación descontrolada obligan a muchas personas a buscar ingresos extra en actividades que, aunque ilegales, son vistas como una vía para llevar comida a la mesa.
El negocio de cigarros y tabacos tiene particular atractivo: son productos demandados, fáciles de transportar y con un valor de reventa alto, sobre todo si se venden en mercados paralelos a precios por encima de los oficiales. La fuente habitual de estos artículos es el propio sistema estatal, ya sea mediante “pérdidas” en inventarios, robos internos o acuerdos corruptos entre empleados y revendedores.
Mientras el discurso oficial presenta estos casos como “actos de indisciplina social y delitos contra la economía nacional”, lo cierto es que forman parte de una cadena más amplia que involucra a productores, transportistas, almacenes y puntos de venta estatales. La corrupción, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un engranaje más del sistema de distribución en un país donde casi todo pasa por manos del Estado.
En Granma, como en el resto del país, la realidad es que mientras exista escasez y salarios insuficientes, seguirán apareciendo historias como estas: ciudadanos convertidos en comerciantes ilegales, mercancía que “desaparece” de almacenes estatales y policías persiguiendo un mercado que crece en las sombras.
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