En la calle 13 de Holguín, Alexander Gómez se desplazaba con una caja que contenía una variedad de medicamentos esenciales, desde analgésicos y pastillas para dormir hasta estimulantes y productos destinados a dolencias comunes. La información fue reportada por el perfil oficialista Cazador-Cazado, que destacó su intervención, aunque el trasfondo del caso revela un problema más profundo: la incapacidad del sistema de salud para garantizar el acceso a medicinas básicas.
La venta callejera de medicamentos en Cuba es un fenómeno que responde a la urgencia de los ciudadanos. Familias completas, enfermos crónicos y personas de bajos recursos se ven obligados a buscar alternativas fuera de las farmacias estatales, donde la disponibilidad de productos es limitada o nula. En muchos casos, quienes compran estos fármacos saben que provienen de instituciones estatales, que, por falta de control y supervisión, sufren robos internos y desvíos hacia el mercado informal.
No se trata de un simple comercio ilegal: es un reflejo de cómo la corrupción y la ineficiencia en la distribución sanitaria afectan directamente la vida cotidiana de la población. Los medicamentos, que deberían estar disponibles para todos en hospitales y farmacias, terminan en manos de quienes pueden pagar por ellos en la calle, dejando a los más vulnerables en una situación de riesgo.
“Estamos hablando de productos destinados a tratar enfermedades reales, aliviar dolores, salvar vidas. Pero cuando no hay acceso regular, las personas buscan cualquier vía para conseguirlos”, explican residentes de Holguín. La venta ambulante se ha convertido en una necesidad, no en un capricho. La caja que cargaba Gómez incluía medicinas nacionales, resultado de inversiones estatales que deberían beneficiar al conjunto de la población, pero que se pierden en un sistema donde la supervisión falla.
Este fenómeno evidencia un problema estructural: el déficit en la entrega de medicamentos genera desigualdad y obliga a los ciudadanos a depender de circuitos paralelos para cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, el desvío de productos desde hospitales y farmacias hacia la calle es un síntoma de corrupción y falta de control que el sistema no ha logrado erradicar.
El caso de Holguín muestra, así, cómo la población se adapta frente a la escasez, recurriendo a soluciones improvisadas mientras persisten los problemas de control interno y corrupción en el suministro estatal de medicamentos. Es una realidad que evidencia que la verdadera lucha no está en sancionar a quienes venden medicinas, sino en garantizar que todos puedan acceder a ellas de manera justa y segura.
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