Tras el paso de los huracanes Oscar y Rafael, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) ha intensificado los controles de precios en Cuba con el pretexto de “proteger al consumidor” frente a los llamados “precios abusivos” en alimentos y productos esenciales. Sin embargo, estas medidas de inspección, impuestas en coordinación con los gobiernos locales, parecen ser una respuesta más dirigida a reprimir al sector privado que a solucionar problemas económicos estructurales.
Según Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, el gobierno está combatiendo activamente la especulación en micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mercados agropecuarios y otras formas de gestión no estatal. Sin embargo, muchos de estos actores privados están ofreciendo soluciones que el Estado ha sido incapaz de proporcionar en términos de suministro y calidad. En vez de apoyar estas iniciativas que palian la escasez crónica del país, el gobierno emplea una estrategia punitiva, imponiendo controles que ahogan el dinamismo del sector privado y limitan el acceso de los ciudadanos a productos de primera necesidad.
La estrategia del MFP incluye sanciones severas que van desde multas, que ya han alcanzado un valor de 600 millones de pesos, hasta el cierre temporal o definitivo de los establecimientos. Esta respuesta ignora el contexto en el que operan estos negocios: la falta de abastecimiento, la inflación y la devaluación del peso cubano. Las regulaciones impuestas no solo ahuyentan la inversión en el sector privado, sino que incrementan la dependencia de los cubanos en un mercado estatal que sigue siendo incapaz de satisfacer la demanda, especialmente tras situaciones de emergencia como los recientes huracanes.
Esta política de control no es nueva, y en el pasado ha demostrado ser ineficaz. Reprimir precios no resuelve el problema de fondo: la incapacidad del Estado para garantizar la distribución de alimentos y productos básicos a un precio asequible para la población. Los privados, aunque enfrentan altos costos y limitaciones de abastecimiento, logran suplir las carencias de un sistema estatal ineficaz. En lugar de ser vistos como un apoyo, estos negocios son castigados, limitando el acceso de la población a productos y servicios que el gobierno no puede ofrecer de forma regular y efectiva.
Regueiro Ale y otros funcionarios señalan la “protección del consumidor” como la razón detrás de estas políticas, y alientan a la población a colaborar en las inspecciones. Sin embargo, lo que se presenta como una defensa del consumidor parece en realidad ser un intento de monopolizar el mercado en manos del Estado, desincentivando la competencia y manteniendo el control sobre la economía. Con ello, se reprime la iniciativa privada, dejando a los cubanos con menos opciones y obligándolos a depender de un sistema centralizado y desabastecido.
En lugar de políticas restrictivas, una alternativa más efectiva sería permitir que el sector privado funcione con mayor libertad para satisfacer las demandas de la población, especialmente en momentos de crisis. La solución a la especulación no es reprimir a los privados, sino darles las condiciones para que puedan operar con precios justos, promoviendo un mercado más competitivo que ofrezca alternativas a los cubanos. Las políticas del MFP solo parecen profundizar las carencias, ahogando la única parte de la economía cubana que ha demostrado capacidad para adaptarse y responder a las necesidades del pueblo.
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