En las últimas horas, inspectores de la provincia de Villa Clara han llevado a cabo varias operaciones en contra de trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas. El propósito de estas acciones fue imponer sanciones y retirar licencias de operación por presuntos "incumplimientos de las normativas establecidas".
Uno de los casos más comentados se dio en el Consejo Popular "Capiro", en la ciudad de Santa Clara, donde un cuentapropista fue multado con 46.000 pesos cubanos y se le retiró la licencia de venta por exigir el pago en dólares estadounidenses. Según la versión oficial, el hombre estaba vendiendo una lavadora y solo aceptaba dólares. Fue la misma población quien alertó a las autoridades sobre esta práctica.
Ester Lilia Molerio Sáez, directora de Inspección en Santa Clara, confirmó que el trabajador violó el Decreto Ley 91 de 2024, que regula las operaciones comerciales y prohíbe la venta en divisas extranjeras, a excepción de los casos establecidos por la ley. Esta medida ha suscitado gran controversia entre los ciudadanos, quienes critican la falta de alternativas para el comercio minorista. Mientras tanto, las restricciones a los emprendedores privados continúan, mientras que las políticas de dolarización implementadas por el gobierno siguen favoreciendo a las empresas estatales.
A pesar de la prohibición en el sector privado, el gobierno ha expandido el uso de divisas extranjeras en tiendas estatales. Un ejemplo claro de esto fue la apertura a principios de este año del supermercado 3ra y 70 en La Habana, donde solo se aceptan pagos en dólares en efectivo o mediante tarjetas internacionales. Además, la Cadena Caribe, encargada de varios establecimientos comerciales en el país, ha anunciado que 129 de sus tiendas comenzarán a aceptar pagos en dólares en efectivo. Esta medida afecta solo a un pequeño porcentaje de su red de 1.845 tiendas, lo que genera una mayor desigualdad en el acceso a productos básicos para la mayoría de la población, que no tiene acceso a divisas.
Aunque el gobierno justifica estas políticas como necesarias para captar divisas y financiar programas sociales, la dolarización parcial de la economía solo ha incrementado la disparidad social, ya que la mayoría de los cubanos reciben su salario en pesos cubanos y no tienen forma de acceder a productos en divisas. En contraste, los comerciantes del sector privado están siendo multados por cobrar en dólares, mientras que el Estado continúa operando bajo las mismas condiciones.
En adición a estas sanciones, los inspectores identificaron un camión que transportaba mercancía con documentación irregular. El responsable de esta infracción recibió una multa de 36.000 CUP, y la mercancía fue decomisada. Estos operativos forman parte de un endurecimiento del control estatal sobre la economía informal.
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