Tania Elena Velázquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), ha sido incluida en la lista de represores cubanos que elabora la plataforma independiente RepresoresCubanos.com, por su papel en la implementación de políticas que restringen el acceso a internet en la isla y, con ello, la libertad de expresión.
La medida responde a su protagonismo en la reciente alza masiva de tarifas de datos móviles en Cuba, anunciada oficialmente el pasado 30 de mayo de 2025 y defendida por Velázquez en medios oficiales como una “necesidad económica”. El nuevo esquema tarifario impone precios que superan por mucho los ingresos promedio de los cubanos: 3 GB cuestan 3.360 CUP, 7 GB se elevan a 6.720 CUP y 15 GB alcanzan los 11.760 CUP, en un país donde el salario medio en 2024 fue de apenas 5.839 CUP y el salario mínimo, de 2.100 CUP.
Organizaciones y analistas han calificado la medida como una forma de racionamiento digital y represión económica. Según RepresoresCubanos.com, Velázquez actúa como una “represora de cuello blanco” al ejecutar órdenes del aparato de poder cubano, controlando no solo el acceso a internet, sino también el flujo de información y expresión en redes sociales.
En su defensa pública, realizada tanto en televisión nacional como en el pódcast oficialista Desde la Presidencia, Velázquez y el presidente Miguel Díaz-Canel justificaron el aumento argumentando que es necesario para evitar el colapso del sistema de telecomunicaciones. Sin embargo, esta narrativa ha sido rechazada por amplios sectores de la ciudadanía, que han protagonizado protestas en redes sociales bajo etiquetas como #TarifazoETECSA y #InternetParaTodos.
La inclusión de Velázquez en la lista de represores no se basa solo en el tarifazo, sino también en su historial como ejecutiva alineada con políticas de censura y vigilancia digital. Diversas fuentes han documentado cómo ETECSA coopera estrechamente con organismos de seguridad del Estado para bloquear sitios independientes, limitar plataformas de mensajería y monitorear la actividad en redes sociales.
La situación ha sido calificada como alarmante por defensores de derechos humanos, quienes recuerdan que, desde 2011, la ONU reconoce el acceso a internet como un derecho humano. Además, establece que el costo del servicio no debe superar el 2% del ingreso mensual en países de bajos y medianos ingresos, umbral que Cuba sobrepasa con creces.
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