Frank Cuspinera Medina, empresario cubanoamericano y fundador del popular supermercado Diplomarket en La Habana —apodado el “Costco cubano”—, inició una huelga de hambre y sed en la prisión Combinado del Este, donde se encuentra encarcelado desde junio de 2024. En una carta difundida por el medio independiente 14ymedio, Cuspinera denuncia graves irregularidades en su proceso legal, incluyendo torturas psicológicas, fabricación de pruebas y la confiscación arbitraria de sus bienes.
El empresario fue detenido el 20 de junio del año pasado, el mismo día en que fuerzas estatales intervinieron y clausuraron su negocio, sin ofrecer explicaciones públicas. Desde entonces permanece en prisión preventiva, acusado de evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de activos, aunque las autoridades no han presentado evidencias ante un tribunal ni han celebrado juicio.
Según 14ymedio, en la carta fechada el 21 de mayo de 2025, Cuspinera asegura que su caso fue fabricado por la Seguridad del Estado como parte de una estrategia para desmantelar su negocio y neutralizar su protagonismo dentro del incipiente sector privado cubano. El empresario denuncia haber sido incomunicado, sin acceso a una defensa efectiva, y afirma que su propio abogado colaboró con las autoridades en su contra.
Además, el documento expone que tras la intervención de Diplomarket, funcionarios del conglomerado militar GAESA tomaron control del establecimiento y confiscaron inventarios por valor de millones de pesos. Cuspinera asegura que la operación fue acompañada por auditorías manipuladas y la incautación de dinero en efectivo sin procesos legales válidos.
“El proceso judicial ha sido una farsa desde el primer día”, escribió Cuspinera en su misiva, donde también hace un llamado a la comunidad internacional, al Departamento de Estado de EE.UU. y a organizaciones de derechos humanos para que exijan su liberación o, al menos, el respeto a sus garantías legales.
El empresario anunció que desde el 1 de junio comenzó una huelga de hambre y sed como último recurso para denunciar su situación y presionar por su derecho a solicitar una fianza y defenderse en libertad. Asegura estar dispuesto a llegar a “consecuencias extremas” si no se atiende su caso de manera transparente.
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