En un 2024 marcado por la represión y el deterioro económico, Cuba experimentó un aumento del 31% en las protestas respecto al año anterior, alcanzando un total de 8,443 manifestaciones, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). Este incremento refleja el hartazgo de una ciudadanía que enfrenta una crisis profunda mientras es explotada por una élite gobernante descrita como “egoísta, ineficiente y despiadada.”
Entre los hechos más impactantes del año se encuentra la muerte bajo custodia de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, joven participante de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Según su madre, Diana María Esplugas, su hijo fue brutalmente golpeado y torturado, desmintiendo la versión oficial de suicidio: “Lo mataron a golpes. Fue una muerte horrible.” Este caso simboliza la constante represión ejercida por el régimen cubano contra cualquier oposición.
El OCC registró 760 protestas en diciembre de 2024, un leve descenso respecto a noviembre, pero con un notable aumento de manifestaciones que desafían directamente al régimen. Las redes sociales se convirtieron en el principal medio para expresar descontento, contrastando con las protestas físicas predominantes en años anteriores.
La académica disidente Alina Bárbara López resumió el sentir del pueblo: “Nada mejorará en Cuba sin cambiar este gobierno que solo sabe construir hoteles vacíos y mantener las cárceles llenas.”
El desabastecimiento de alimentos y la inflación generaron 129 protestas, en gran parte debido a la eliminación de subsidios básicos y la persecución del sector privado. A esto se sumaron 122 manifestaciones relacionadas con apagones de hasta 24 horas, marcando el tercer colapso eléctrico del año, lo que afectó desde la cocción de alimentos hasta el cuidado de enfermos.
En materia de seguridad ciudadana, se documentaron 106 denuncias que incluyeron homicidios, robos y estafas. Además, los problemas sociales como la precariedad de los ancianos, el trabajo infantil y la falta de atención médica fueron ampliamente señalados.
El régimen de Miguel Díaz-Canel continuó utilizando la represión como su principal herramienta de control. En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó más de 1,000 presos políticos y denunció el acoso constante contra opositores y activistas.
El caso de José Daniel Ferrer, uno de los presos políticos más emblemáticos, subraya la arbitrariedad del sistema judicial cubano. A pesar de las apelaciones presentadas por el activista Manuel Cuesta Morúa para exigir su liberación, Ferrer lleva más de 120 días de encarcelamiento ilegal.
Un comunicado del Consejo para la Transición Democrática de Cuba destacó la ilegalidad del procedimiento judicial contra Ferrer, señalando la manipulación y el incumplimiento de los plazos establecidos por la ley cubana.
El informe del OCC concluyó que el incremento de las protestas refleja un cambio en la conciencia ciudadana. Ya no se trata solo de demandas puntuales, sino de un cuestionamiento frontal al sistema político que ha llevado al país a esta crisis.
En un contexto donde las cárceles están llenas de opositores, la escasez afecta cada rincón de la vida diaria y la represión no da tregua, el pueblo cubano sigue alzando su voz, demostrando que la resistencia persiste a pesar de las adversidades.
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