El gobierno de Estados Unidos puso en marcha en enero de 2026 una actualización de los requisitos para obtener y mantener la residencia permanente —conocida como Green Card— a través del matrimonio. Las nuevas disposiciones, emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), refuerzan los controles sobre la residencia condicional, amplían ciertos plazos administrativos y advierten sobre sanciones migratorias severas en caso de incumplimientos o indicios de fraude.
La vía del matrimonio sigue siendo una de las formas más utilizadas para regularizar el estatus migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades federales han insistido en que este beneficio solo está destinado a relaciones legítimas y no a esquemas diseñados para evadir la ley migratoria. En ese contexto, el USCIS ha ajustado procedimientos clave para asegurar que los solicitantes cumplan estrictamente con los requisitos.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la residencia permanente condicional. Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de la aprobación de la Green Card, el beneficiario recibe una residencia válida por dos años. Para eliminar esas condiciones y obtener la residencia permanente definitiva, es obligatorio presentar el formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento de la tarjeta.
Con las nuevas reglas, el USCIS amplió la validez automática de la residencia condicional hasta por 48 meses después de la presentación correcta del formulario I-751. Esta extensión busca evitar que los solicitantes queden en un limbo migratorio mientras su caso es revisado. No obstante, la agencia advierte que no presentar el trámite dentro del plazo establecido puede provocar la revocación automática del estatus y la apertura de un proceso de deportación.
Las autoridades migratorias subrayan que la carga de la prueba recae sobre los solicitantes. Quienes obtienen la residencia por matrimonio deben demostrar que la relación es real, legal y de buena fe. En la mayoría de los casos, el formulario I-751 debe presentarse de manera conjunta con el cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente. Si la pareja se ha separado o divorciado, el extranjero puede solicitar una exención, siempre que aporte pruebas claras de que el matrimonio no fue fraudulento.
El USCIS ha reiterado que la convivencia es uno de los principales indicadores de la legitimidad del matrimonio. Los casos en los que los cónyuges no comparten domicilio reciben un escrutinio más riguroso y suelen requerir documentación adicional. Situaciones como trabajos en distintas ciudades, estudios o responsabilidades familiares pueden ser aceptadas, pero deben estar debidamente justificadas.
Entre los documentos más comunes que la agencia solicita para comprobar la autenticidad de la relación se encuentran contratos de arrendamiento o hipotecas a nombre de ambos, cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguro compartidas, fotografías recientes de la vida en común, declaraciones juradas de familiares o amigos y facturas o correspondencia dirigida a ambos cónyuges. En casos excepcionales, se admite evidencia alternativa, siempre que sea coherente y verificable.
El USCIS también ha reforzado los criterios para detectar posibles fraudes. Entre las principales señales de alerta figuran diferencias significativas de edad, barreras idiomáticas importantes, contrastes culturales marcados y la ausencia de una vida en común. Asimismo, los matrimonios celebrados mientras uno de los cónyuges enfrenta un proceso de deportación son revisados con especial rigor.
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