Un reportaje reciente del diario El Universal ha reavivado la polémica sobre la contratación de médicos cubanos en México, un convenio impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por la actual administración. El acuerdo, que ha costado más de 2 mil millones de pesos mexicanos, pretendía cubrir plazas médicas en comunidades marginadas; sin embargo, el paradero y desempeño de estos profesionales siguen siendo un misterio.
De acuerdo con la investigación periodística, ni la Secretaría de Salud (SSa), ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni el IMSS-Bienestar cuentan con datos claros sobre el número exacto de médicos cubanos en el país, su localización o los resultados de su labor. Cada institución señala a otra como responsable del seguimiento, pero ninguna ha podido mostrar reportes de evaluación o indicadores de desempeño.
Mientras el IMSS argumenta que la supervisión corresponde a la SSa, esta última afirma que es el IMSS-Bienestar quien debe rendir cuentas. A su vez, IMSS-Bienestar asegura que no tiene información sobre el tema. El resultado es una cadena de contradicciones que deja sin respuesta preguntas básicas: ¿cuántos médicos llegaron, dónde están asignados y qué impacto han tenido en las comunidades?
La falta de transparencia ha alimentado sospechas sobre el verdadero propósito del programa. Organizaciones internacionales como Prisoners Defenders, con sede en España, han denunciado en informes previos que gran parte de las llamadas “misiones médicas” cubanas en el extranjero funcionan como instrumentos de control político y propaganda del régimen de La Habana.
Según el informe publicado en agosto de 2024, varios de los supuestos médicos enviados a México serían en realidad miembros de la inteligencia cubana, entrenados en adoctrinamiento político más que en atención sanitaria. Dichas acusaciones, aunque negadas por el gobierno de Cuba, han reforzado la percepción de que el convenio va más allá de un simple acuerdo de cooperación médica.
El reportaje de El Universal también reveló que los pagos a los especialistas cubanos incluyen no solo salarios, sino beneficios adicionales como hospedaje, alimentación especial, transporte con chofer y atención personalizada. Todo esto ha elevado el costo del programa a más de 2 mil millones de pesos mexicanos desde 2022, sin que existan reportes que justifiquen los resultados.
Mientras tanto, médicos mexicanos han señalado que en lugar de destinar estos recursos a contratar personal extranjero, el gobierno debería invertir en mejores salarios, infraestructura y condiciones laborales para el personal nacional, lo que permitiría cubrir plazas en zonas rurales sin depender de convenios opacos.
Más allá del debate político, lo cierto es que el programa de médicos cubanos en México carece de la transparencia necesaria para evaluar su legitimidad y eficacia. La ausencia de datos verificables genera dudas sobre si los objetivos de salud pública se están cumpliendo o si el acuerdo responde a intereses políticos e ideológicos.
Fuente: Cambio 22
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