Cesáreo Navas es un ciudadano cubano, productor cinematográfico y televisivo, escritor que, como tantos otros, se niega a guardar silencio ante la injusticia. Su voz no nace del privilegio ni del cálculo político, sino de la preocupación genuina por los más vulnerables del país y de una pregunta incómoda que sigue sin respuesta en medio de la peor crisis social y económica que ha vivido Cuba en décadas. Navas apunta en una reflexión muy actual: "Por favor, una pregunta muy amplia: ¿El gobierno y el partido (único del país) de Díaz Canel y de los viejos históricos han presentado (en éstas terribles circunstancias), algún plan de emergencia dirigido a proteger a los que han sido abandonados en el camino: jubilados, discaopacitados, enfermos mentales, pordioseros?
En las actuales y terribles circunstancias, resulta imposible no preguntarse si el gobierno y el partido único encabezados por Díaz-Canel y los viejos históricos han presentado algún plan de emergencia real para proteger a quienes han quedado abandonados en el camino: jubilados, discapacitados, enfermos mentales, pordioseros, personas sin redes familiares ni recursos mínimos para sobrevivir. La respuesta, dolorosamente evidente en las calles, parece ser no.
Desde la implantación del llamado ordenamiento económico, estos grupos de la población están literalmente sobreviviendo en condiciones indignas. Ancianos rebuscando comida, personas con discapacidades pidiendo limosna, enfermos mentales sin atención adecuada, jubilados cuya pensión no alcanza ni para unos días. Mientras tanto, los gobernantes hacen como si no vieran, se hacen “los chivos con tonteras”, refugiados en discursos vacíos y consignas que ya no llenan estómagos ni curan heridas.
Es necesario, y con carácter de urgencia, que los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Economía y Planificación, así como el secretario general designado de la CTC, se presenten ante los medios de información del país. No, no son medios públicos en el sentido real de la palabra: pertenecen a un solo partido. Aun así, deben explicar qué medidas concretas existen —si es que existen— para proteger a estas personas descartadas por la burocracia actual.
No se trata de caridad ni de propaganda, sino de responsabilidad moral y política. ¿Hasta cuándo van a convivir con esta infamia? ¿Hasta cuándo se normalizará ver a ciudadanos cubanos limpiando el piso con la lengua mientras se habla de resistencia y victorias?
Cuba no es propiedad de un partido ni de una élite envejecida en el poder. Cuba es de todos, especialmente de quienes más sufren. Callar ante esto también es una forma de complicidad. Por eso esta denuncia debe circular, compartirse y hacerse viral. Porque la dignidad humana no puede seguir esperando.
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