Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela el extremo control y la brutal represión que enfrenta la población de Corea del Norte por consumir medios de comunicación extranjeros, incluidos programas de televisión y música surcoreana. La organización recopiló 25 entrevistas con desertores del régimen de Kim Jong-un, quienes describen un clima de miedo en el que ver un drama de Corea del Sur o escuchar K-pop puede costar la vida.
Los testimonios destacan casos alarmantes: escolares y adultos han sido ejecutados por ver El Juego del Calamar, Squid Game, Crash Landing on You o Descendants of the Sun. En la provincia de Yanggang, cercana a la frontera con China, un fugitivo relató que estudiantes de secundaria fueron asesinados tras ser descubiertos consumiendo estos contenidos. Una ejecución documentada en Hamgyong del Norte en 2021 por distribuir El Juego del Calamar demuestra que esta práctica no es aislada.
El K-pop también está prohibido y es motivo de persecución. Bandas como BTS han sido mencionadas en varios testimonios, y en 2021 adolescentes fueron investigados por escuchar esta música en Pyongan del Sur. La diferencia de trato depende de la riqueza y las conexiones: los ciudadanos más pobres enfrentan castigos severos, mientras que quienes pueden sobornar a funcionarios evitan consecuencias legales graves.
Choi Suvin, desertor de 2019, contó que algunas personas venden sus casas para pagar sobornos que les liberen de campos de reeducación. “La gente sin dinero vende sus casas para reunir 5.000 o 10.000 dólares y evitar el castigo”, relató. Kim Joonsik, de 28 años, relató que aunque fue sorprendido varias veces consumiendo medios surcoreanos, su familia lo protegió gracias a sus conexiones, mientras que otros, sin recursos, fueron enviados a campos de trabajo por años.
El régimen norcoreano obliga además a asistir a ejecuciones públicas como parte de su “educación ideológica”. Choi relató haber presenciado la ejecución de un ciudadano por distribuir medios extranjeros en Sinuiju, donde decenas de miles de personas fueron convocadas a mirar. Según los desertores, estas prácticas buscan “lavar el cerebro” y mantener a la población bajo control absoluto.
Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía, calificó estos testimonios como evidencia de un sistema distópico donde el acceso a información o entretenimiento extranjero puede costar la vida, salvo que los implicados puedan pagar sobornos. Brooks añadió que esta represión, mezclada con corrupción, “afecta especialmente a quienes no tienen riqueza ni conexiones y ha colocado a toda la población en una jaula ideológica”.
La Ley de Cultura y Pensamiento Antirreaccionario de 2020 criminaliza cualquier contenido surcoreano, tildándolo de “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”. Las penas van de cinco a quince años de trabajos forzados por consumo individual, y pueden incluir la muerte por distribución o proyección colectiva. Una unidad policial conocida como Grupo 109 realiza controles aleatorios, registros domésticos y vigilancia de teléfonos y bolsos, todo sin orden judicial.
El informe subraya que este sistema, basado en miedo y arbitrariedad, viola los derechos humanos internacionales y evidencia cómo un régimen puede manipular la información y el entretenimiento para mantener a su población bajo opresión, mientras la corrupción permite que solo quienes tienen recursos logren evadir los castigos más extremos.
(Con información de Sky News)
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