con la finalidad de traficar armas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez determinó que podrá enfrentar el procedimiento en libertad.
La decisión fue tomada por el juez Enrique Hernández Miranda durante una audiencia virtual en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora. La modalidad a distancia se adoptó a petición de la directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, quien alegó razones de seguridad.
Durante la sesión, la Fiscalía presentó más de 20 pruebas que vinculan al exboxeador con el Cártel de Sinaloa. La defensa, sin embargo, argumentó que al menos nueve de ellas carecen de sustento legal.
Como parte de las medidas cautelares, Chávez Jr. no podrá salir de México mientras duren las investigaciones. No obstante, su defensa señaló que podría solicitar autorización en caso de requerirlo por actividades deportivas.
El juez programó la continuación de la investigación complementaria para el próximo 24 de noviembre, fecha en la que se evaluarán nuevos elementos que podrían reforzar o debilitar la imputación.
El caso de Chávez Jr. adquirió mayor relevancia tras su detención en California el pasado 2 de julio. Las autoridades estadounidenses lo arrestaron por inconsistencias en su trámite migratorio, ya que había solicitado la residencia permanente mediante su matrimonio con Frida Muñoz, expareja de Édgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que en la solicitud se encontraron declaraciones fraudulentas y determinó que su estancia en ese país era ilegal. Además, las agencias de seguridad detectaron presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó en su deportación.
El 18 de agosto, Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona, y trasladado al Cefereso No. 11 en Sonora. Posteriormente, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas.
La decisión de permitirle enfrentar el juicio en libertad ha generado debate. Por un lado, especialistas en derecho penal sostienen que la medida es legal, ya que corresponde a la etapa inicial de investigación y no se ha dictado sentencia. Por otro, críticos consideran que, dada la gravedad del delito imputado, debería permanecer bajo resguardo en prisión preventiva.
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