Una jueza federal en Estados Unidos emitió una orden que suspende temporalmente la eliminación del programa de parole humanitario, una medida impulsada por la Administración Trump.
Esta decisión representa un respiro para más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela beneficiados por esta política migratoria implementada durante el mandato de Joe Biden.
La jueza Indira Talwani, designada por el ex presidente Barack Obama, aceptó una moción de emergencia que detiene la revocación de los permisos otorgados bajo este programa. Talwani consideró que el intento del gobierno de poner fin al parole humanitario carece de una revisión individual de los casos, requisito indispensable según la ley migratoria vigente.
La magistrada expresó su preocupación por el impacto que una eliminación abrupta del programa tendría sobre miles de familias. Señaló que sin las debidas garantías legales, los beneficiarios quedarían ante una situación angustiosa: abandonar voluntariamente Estados Unidos o enfrentar un proceso de deportación.
La orden judicial suspende todas las notificaciones de revocación enviadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), al menos hasta que se emita una nueva resolución. Talwani enfatizó que no es de interés público declarar ilegalmente presentes a cientos de miles de personas, impidiéndoles trabajar y sostener a sus familias.
Durante la audiencia, la jueza también criticó la interpretación legal del Departamento de Seguridad Nacional, subrayando que una decisión de tal magnitud debe basarse en argumentos sólidos y respetar el debido proceso.
La demanda contra la revocación del parole argumenta que la medida viola la Ley de Procedimientos Administrativos al intentar cerrar un programa federal sin justificación ni mecanismos adecuados. Los demandantes advirtieron que la cancelación inmediata provocaría la pérdida de estatus legal y derechos laborales para cientos de miles de inmigrantes.
El programa de parole humanitario fue implementado en 2022 bajo la Administración Biden como una vía legal para que ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran a Estados Unidos con patrocinadores legales.
Se les otorgaba un permiso de permanencia temporal de dos años, con opción de solicitar ayuda humanitaria o ajustar su estatus migratorio. Desde su puesta en marcha, ingresaron al país más de 530,000 personas bajo este mecanismo: 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos.
El intento de revocación comenzó el 20 de enero de 2025, un día después del regreso de Donald Trump al poder, alegando “abuso” del programa. La medida incluía la cancelación inmediata de permisos de residencia y trabajo a partir del 24 de abril.
Si bien la decisión judicial representa una victoria temporal, el futuro del programa del parole sigue incierto. El caso subraya la importancia del debido proceso y anticipa un prolongado litigio sobre los límites del poder ejecutivo en temas migratorios.
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