El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se prepara para una de las mayores expansiones tecnológicas de su historia reciente. De acuerdo con registros federales, la agencia destinará más de 300 millones de dólares a nuevas herramientas de vigilancia digital con el objetivo de localizar y deportar inmigrantes indocumentados, en línea con la política migratoria de línea dura impulsada por la administración Trump.
Los fondos están dirigidos a sistemas de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial, lectores automáticos de matrículas, rastreo de ubicación y aplicaciones biométricas móviles. En conjunto, estas tecnologías permitirán a los agentes identificar y seguir personas en tiempo real, tanto en espacios públicos como a través de bases de datos gubernamentales y privadas.
Según los documentos de contratación revisados por medios estadounidenses, una parte clave del programa es el contrato con Palantir Technologies, que supera los 139 millones de dólares. Esta empresa opera el sistema de Gestión de Casos de Investigación del ICE, una plataforma que integra grandes volúmenes de datos para apoyar operaciones de detención y deportación. El acuerdo, vigente desde 2022, podría extenderse hasta 2026.
A este despliegue se suma un contrato con Clearview AI, valorado inicialmente en 3,75 millones de dólares y con opciones que podrían elevarlo por encima de los 9 millones hasta 2027. El software de esta compañía permite identificar rostros a partir de imágenes tomadas en la vía pública y compararlas con enormes bases de datos, una capacidad que ha generado fuerte controversia por su impacto en la privacidad.
El ICE también está ampliando el uso de aplicaciones biométricas móviles como Mobile Fortify, que permiten a los agentes capturar huellas dactilares y fotografías faciales directamente en el terreno. Estas herramientas se conectan con bases de datos federales para verificar identidades al instante, incluso durante controles rutinarios.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su alarma ante el alcance del programa. Advierten que estas tecnologías no solo afectan a inmigrantes indocumentados, sino que pueden terminar involucrando a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, ampliando de forma peligrosa la vigilancia doméstica. Desde 1974, la Ley de Privacidad prohíbe al gobierno federal crear una base de datos centralizada de información personal, pero el ICE ha sorteado ese límite mediante amplios acuerdos de intercambio de datos.
Entre ellos figuran convenios con la Administración del Seguro Social (SSA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Salud. El acuerdo con la SSA autoriza hasta 50.000 solicitudes de registros al mes, mientras que en apenas cuatro meses el ICE habría pedido más de un millón de archivos al IRS, según los mismos registros.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que todas las tecnologías utilizadas cumplen con los marcos de privacidad y supervisión internos, aunque evita detallar el alcance real de los sistemas o los proveedores involucrados. Para críticos como Jay Stanley, analista sénior de la ACLU, el reconocimiento facial se ha convertido en una “tecnología de redadas”, marcada por errores, invasiones sistemáticas de la privacidad y sesgos raciales que afectan de manera desproporcionada a minorías.
Fuente: La Opinión
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