El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda civil contra una mujer hispana por permanecer en Estados Unidos pese a tener una orden final de deportación, y le exige el pago de una multa cercana al millón de dólares, una de las más altas registradas en este tipo de casos.
Según informó el medio Político, la demanda fue presentada ante un tribunal federal en Richmond, Virginia, y exige a Marta Alicia Ramírez Véliz el pago de 941.114 dólares, más intereses, por no haber abandonado el país tras perder su caso migratorio.
El Departamento de Justicia sostiene que la inmigrante estaba obligada a salir de Estados Unidos desde el 1 de julio de 2019, fecha en la que quedó firme la orden de deportación. Sin embargo, al no cumplir con esa instrucción, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le notificó en abril de 2025 la imposición de una multa civil.
La sanción se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite imponer multas civiles a extranjeros que, estando sujetos a una orden final de deportación, se nieguen o incumplan deliberadamente la obligación de abandonar el país.
En este caso, el Gobierno aplicó una multa de 998 dólares por cada día en que Ramírez Véliz habría permanecido en Estados Unidos tras agotarse sus recursos legales. La cifra total se calculó con base en 943 días de incumplimiento, contados entre el rechazo de su apelación por la Junta de Apelaciones de Inmigración y la emisión formal de la factura por parte del ICE.
De acuerdo con documentos judiciales, el caso de Ramírez Véliz fue revisado por un panel del Departamento de Justicia, que falló en su contra en 2022, confirmando la orden final de deportación. A partir de ese momento, las autoridades consideran que su permanencia en el país constituye una violación directa de la ley migratoria.
Tras notificar la multa en abril de 2025 y no recibir respuesta por parte de la inmigrante, el Gobierno solicitó al tribunal federal que haga efectiva la sanción económica mediante una demanda civil, con el objetivo de obligar al pago.
Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que este tipo de acciones buscan reforzar el cumplimiento de las órdenes finales de deportación y enviar un mensaje disuasorio a otros inmigrantes en situaciones similares.
Abogados especializados en inmigración han advertido que este esquema de multas, reforzado durante la administración Trump, ha generado decenas de casos recientes, pero la sanción impuesta a Ramírez Véliz sería, hasta ahora, una de las más elevadas conocidas públicamente.
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