Donald J. Trump volvió a colocar a Cuba en el centro del tablero geopolítico con un mensaje tan ambiguo como contundente: la emergencia nacional que pesa sobre la Isla podría modificarse, pero solo si La Habana —o los países que la sostienen— deciden alinearse con los intereses estratégicos de Estados Unidos. No se trata de un gesto diplomático, sino de una advertencia con factura económica inmediata.
A partir de este viernes 30 de enero de 2026, entra en vigor una tasa arancelaria ad valorem adicional para los bienes importados a Estados Unidos que provengan de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta. El mensaje es claro: quien mantenga con vida energética al gobierno cubano pagará un precio comercial. Washington apunta así no solo a La Habana, sino a sus aliados y socios circunstanciales.
Trump dejó abierta una rendija para el cambio. En el texto de la orden ejecutiva afirmó que podría modificar la medida si el Gobierno de Cuba, o cualquier país extranjero afectado, adopta “medidas significativas” para atender la emergencia nacional declarada y se alinea “suficientemente” con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior. La vaguedad del lenguaje no es casual: otorga margen de maniobra a la Casa Blanca y mantiene la presión como herramienta de negociación.
Durante la presentación del documental de su esposa Melania, el presidente rechazó la idea de que su política busque “estrangular” a Cuba. Calificó el término como excesivo y optó por un discurso que mezcló compasión y fatalismo. Describió a la Isla como “una nación en decadencia”, afirmó que ha tratado muy mal a su gente y recordó el peso político y emocional de la comunidad cubanoamericana, muchos de cuyos miembros “probablemente quieran regresar”. Sin embargo, remató con una frase demoledora: “Creo que Cuba no podrá sobrevivir”.
La orden ejecutiva también contempla represalias. Si un país extranjero responde con medidas contra Estados Unidos en reacción a estos aranceles o a cualquier acción derivada de la emergencia nacional, Washington se reserva el derecho de actuar en consecuencia. La arquitectura de la sanción queda en manos del Secretario de Comercio, en consulta con el Secretario de Estado y otros altos funcionarios, quienes determinarán qué países suministran petróleo a Cuba después de la entrada en vigor de la medida.
Más allá de la retórica, la decisión marca una escalada calculada. Trump combina presión económica, mensaje político interno y advertencia internacional. Cuba queda, una vez más, atrapada entre la promesa difusa de un alivio condicionado y el peso concreto de una política que busca asfixiar a su entorno, no con palabras, sino con aranceles.
Del perfil de Alberto Arego