Osmany Asahares y su hermano, conocido como “El Gallo” Asahares, miembros de la Policía en la ciudad de Camagüey, según múltiples denuncias ciudadanas, se han ganado la reputación de represores y extorsionadores. Ambos hombres, uniformados y amparados por el aparato del Estado, estarían involucrados en actividades ilegales mientras ejercen sus funciones policiales.
Diversas fuentes informan que, además de su labor oficial, los hermanos Asahares han montado un negocio de tráfico de muebles que se mueve desde la ciudad de Camagüey hacia otros territorios de la provincia. Este comercio está prohibido por las autoridades provinciales, que han emitido normas expresas para impedir el traslado de muebles con fines comerciales entre municipios. Sin embargo, Osmany y “El Gallo” parecen eludir estas restricciones utilizando su posición como policías.
Las denuncias explican que la operación de los hermanos funciona de manera estructurada: en los Puntos de Control instalados en las carreteras, que deberían garantizar el cumplimiento de la ley, ellos mismos autorizan el paso de los cargamentos ilegales a cambio de dinero. De esta manera, los cargamentos circulan mientras ciudadanos comunes son intimidados o extorsionados si no cumplen con sus exigencias.
Este patrón de conducta genera indignación entre los habitantes de Camagüey, quienes ven cómo quienes deberían protegerlos, en realidad se benefician de la impunidad que les otorga el régimen. La combinación de represión física, acoso económico y aprovechamiento de su autoridad ha convertido a los hermanos Asahares en un ejemplo de cómo ciertos funcionarios policiales operan fuera de la ley bajo la protección de su cargo.
La comunidad ha llamado a documentar estas acciones y a enviar pruebas que permitan visibilizar y denunciar estos hechos. Fotografías, documentos o cualquier tipo de evidencia sobre Osmany y “El Gallo” Asahares pueden ser enviadas de forma segura a medios independientes que se dedican a la investigación y denuncia de irregularidades, como La Tijera News que denuncia esta situación.
Este caso resalta la problemática de la corrupción y el abuso de poder dentro de instituciones que deberían garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. La combinación de represión y enriquecimiento ilícito muestra la gravedad de la situación en la provincia y la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana sobre quienes ostentan autoridad.
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