Este viernes 30 de enero será el juicio contra Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, intelectuales y activistas cubanas, fijado para el Tribunal Municipal Popular de Matanzas. Ambas fueron instruidas de cargos desde el 18 de junio de 2024, tras un incidente ocurrido cuando se dirigían a una manifestación pacífica que realizan cada mes, y la Fiscalía les acusa de desacato, desobediencia y atentado, delitos que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal con la petición de hasta cuatro años de privación de libertad para Alina y tres años para Jenny, con posibilidad de sustituir esas penas por trabajo correccional sin internamiento, además de sanciones accesorias y la reparación de supuestos daños materiales.
La fiscalía y la acusación oficial sostienen que en ese día ambas mujeres protagonizaron una agresión contra agentes del orden público en el contexto de ese encuentro con la policía, y por ello califican sus acciones como delitos penales bajo el Código Penal cubano, un relato que ellas y sus defensores refutan enérgicamente.
Alina y Jenny han rechazado tajantemente los cargos y las acusaciones, describiendo el proceso como una farsa judicial y políticamente motivada. Alina ha dicho que no aceptarán otra cosa que no sea la exoneración total de los cargos, que consideran falsos e inexistentes en términos jurídicos, y que no negociarán su libertad a cambio del silencio o de renunciar a sus derechos civiles y políticos.
Ellas han relatado que en realidad fueron víctimas de violencia y detención arbitraria por parte de la policía, y que sus acciones fueron pacíficas y orientadas a ejercer su derecho a la protesta y a la libertad de expresión, recogidos en normas constitucionales y en tratados internacionales, por lo que rechazan cualquier imputación penal que pretenda criminalizar ese ejercicio ciudadano.
En entrevistas y pronunciamientos públicos, Alina ha denunciado que la justicia en Cuba carece de independencia, afirmando que “en un proceso judicial en Cuba no puede esperarse justicia independiente, todas las decisiones son manejadas por la policía política”, y que este caso se ha prolongado irregularmente por razones políticas más que por estrictos requisitos legales.
La petición de condena ha sido criticada no solo por las propias acusadas, sino también por diversos observadores de derechos humanos y académicos, que han señalado que detrás de los cargos está la intención de silenciar voces críticas y disidentes, y que las acusaciones de “atentado” o “agresión” se sustentan en una versión de hechos que ellas disputan radicalmente.
Ambas sostienen que sus derechos fueron violados, que fueron golpeadas y maltratadas durante su detención, y que nunca actuaron con violencia deliberada contra ningún agente, por lo que exigen justicia real y la exoneración completa de cualquier imputación en su contra.
Este juicio representa para ellas y para muchos de sus simpatizantes un momento crucial en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos civiles en Cuba, una causa que han sostenido durante años mediante manifestaciones pacíficas y discusiones públicas sobre reformas estructurales en su país —incluyendo demandas por una nueva constitución, libertad para presos políticos y el cese de la represión contra voces críticas— posiciones que han expresado repetidamente en declaraciones y acciones públicas.
En exclusiva para elTOQUE, Alina Bárbara López Hernández explicó que el juicio en su contra y el de Jenny Pantoja no puede considerarse ordinario, sino una puesta en escena sin posibilidades de absolución. La acusación busca imponer una sanción de trabajo correccional sin internamiento, pese a que ambas sostienen no haber cometido delito alguno.
Alina subrayó que no aceptarán esa sanción, ni reconocerán una culpa inexistente, y que agotarán todas las vías legales posibles. Advirtió que, aunque ello implique prisión, no cederán ante la presión política ni ante el uso del sistema judicial como herramienta de castigo.
Fuentes: Alina Bárbara Hernández López
El Toque-Martí Noticias