Un juicio oral y público celebrado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana culminó con la condena de siete empleados de la Empresa Eléctrica y 14 clientes del municipio Plaza de la Revolución.
Los acusados fueron hallados culpables de falsificación de documentos y cohecho continuado en un esquema de corrupción que alteraba los registros de consumo eléctrico.
El fraude se llevó a cabo mediante la manipulación del Sistema Automatizado Integral de Gestión Comercial, lo que permitía reducir los gastos de electricidad de clientes con altos niveles de consumo. Esta práctica causó serios daños económicos tanto a la empresa como al país.
Entre los sancionados se encuentran el administrador provincial del sistema, un informático, empleados de la Oficina Comercial, inspectores y lectores-cobradores. Las penas impuestas a los principales responsables oscilan entre seis y ocho años de privación de libertad. Los clientes beneficiados recibieron sanciones económicas y multas.
"El caso ha provocado una oleada de indignación en redes sociales", donde ciudadanos cubanos denuncian que la corrupción es un fenómeno extendido en el país. La usuaria Yanet Mesa Martínez comentó que este episodio es solo una muestra de una corrupción que “está a todos los niveles”.
Otros internautas, como Rosa María Santana, alertaron que esta situación también afecta a instituciones como la Vivienda y la Planificación Física en el municipio Playa. No obstante, no se han presentado pruebas públicas.
"Algunos usuarios consideran que los condenados son meros 'chivos expiatorios', mientras que los verdaderos responsables de mayor rango siguen impunes", según señaló Barbaro Moya. También subrayó la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control interno para prevenir nuevos casos de fraude.
Este juicio ocurre en un contexto de creciente malestar social debido a otros escándalos de corrupción recientes en Cuba. Destacan los casos de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía, y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, exviceprimer ministro, ambos destituidos en 2024 tras denuncias de corrupción.
Asimismo, Alexandre Corona Quintero, exgobernador de Cienfuegos, fue acusado de desviar recursos públicos y beneficiar empresas privadas vinculadas a su círculo cercano.
Los ciudadanos esperan que las investigaciones y sanciones no se limiten a los niveles intermedios, sino que también alcancen a las esferas más altas del poder.
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