El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha solicitado formalmente al Pentágono el despliegue de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar operativos migratorios en el interior del país.
Esta medida busca reforzar las acciones de control migratorio impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, con un énfasis particular en la localización, rescate y transporte de niños migrantes no acompañados.
Según reportes, hasta 10,000 efectivos serían destinados a tareas de transporte, incluyendo el traslado intra e interestatal de personas detenidas y de menores migrantes sin compañía. Otros 1,000 miembros de la Guardia Nacional colaborarían en labores administrativas, como la traducción de documentos y la asistencia durante entrevistas.
Adicionalmente, se contempla la participación de 3,500 oficiales en misiones de búsqueda de fugitivos, vigilancia, prospección y operaciones nocturnas en áreas rurales.
El documento enviado al Pentágono subraya que se trata de la primera solicitud formal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para desplegar personal de la Guardia Nacional en apoyo a la aplicación de leyes migratorias en el interior del país. Esta acción amplía considerablemente el papel militar en operativos civiles, en contraste con anteriores despliegues limitados principalmente a la frontera con México.
Uno de los aspectos más delicados de esta iniciativa es el encargo a las tropas de localizar y rescatar a niños migrantes no acompañados en terrenos remotos u hostiles, así como su posterior transporte a instalaciones de detención o refugio. Esta misión genera inquietudes entre expertos en derechos humanos y defensores de los menores, quienes advierten sobre los riesgos de militarizar la gestión migratoria, particularmente cuando involucra a menores vulnerables.
La implementación de este plan también podría enfrentar obstáculos legales debido a la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso de tropas federales en funciones policiales dentro del país. Sin embargo, unidades de la Guardia Nacional bajo control de gobernadores estatales podrían participar directamente en arrestos y redadas.
La solicitud del DHS, actualmente bajo revisión por el Departamento de Defensa, implicaría duplicar la capacidad operativa del ICE, que cuenta con aproximadamente 20,000 empleados, de los cuales unos 6,000 están dedicados a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
Esta estrategia representa un nuevo paso en la política migratoria de Trump, que busca intensificar las medidas de control migratorio y aumentar la presión sobre las comunidades migrantes en territorio estadounidense.