El escándalo de “Alligator Alcatraz” sacude a Florida: millones perdidos, ecosistemas dañados y derechos humanos vulnerados.
A menos de dos meses de su apertura, el centro de detención “Alligator Alcatraz”, ubicado en pleno corazón de los Everglades, enfrenta una orden de cierre indefinido por violaciones ambientales y legales. El costo: al menos 218 millones de dólares ya invertidos por el estado y millones más en pérdidas potenciales.
La jueza federal Kathleen Williams dictaminó que el centro fue construido sin realizar el estudio de impacto ambiental obligatorio, afectando un ecosistema protegido y desatando una ola de demandas de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee.
Pero los problemas no terminan ahí. Organizaciones civiles han denunciado las condiciones inhumanas dentro del recinto: carpas improvisadas con jaulas de malla metálica, baños portátiles en mal estado, pisos inundados con aguas contaminadas y detenidos sin acceso adecuado a representación legal.
El proyecto, que recibió fondos originalmente destinados a desastres naturales a través de FEMA, ya había firmado contratos por 405 millones de dólares, muchos sin licitación pública ni transparencia, lo que ha generado sospechas de corrupción y favoritismo.
Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis sigue defendiendo la iniciativa y anunció la apertura de un segundo centro al norte del estado, pese a las críticas crecientes dentro y fuera del país.
En redes sociales y medios internacionales, “Alligator Alcatraz” ya es sinónimo de desperdicio millonario, crisis institucional y políticas migratorias fallidas. Un símbolo de cómo la improvisación y la falta de planificación pueden generar consecuencias devastadoras, tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos.
Lo que fue presentado como una solución “eficiente” al manejo migratorio, hoy se perfila como uno de los errores administrativos más costosos y polémicos de la historia reciente de Florida.
Fuentes: Washington Post
Associated Press
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