Un juez federal ha ordenado el cierre del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” en Florida, un símbolo de la política migratoria de la administración Trump.
La decisión, emitida el 21 de agosto de 2025 por la jueza Kathleen Williams, responde a una demanda presentada por grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la instalación violaba leyes federales de protección ambiental y derechos humanos.
Ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en medio de los Everglades, el centro fue inaugurado en julio de 2025.
Construido en tiempo récord de ocho días, la instalación fue diseñada para albergar hasta 5.000 inmigrantes indocumentados. Su apodo, “Alligator Alcatraz”, hace referencia tanto a la fauna local como a su ubicación remota y rodeada de pantanos.
La administración estatal de Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, defendió la construcción como una medida para aliviar la presión en otras instalaciones de detención y reforzar la seguridad fronteriza.
Sin embargo, la jueza Williams determinó que la construcción apresurada del centro no cumplió con los requisitos de evaluación ambiental establecidos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Además, se constató que la instalación causó daños significativos a los humedales protegidos y amenazó hábitats de especies en peligro de extinción.
La orden judicial prohíbe la admisión de nuevos detenidos y exige la desmantelación de gran parte de la infraestructura en un plazo de 60 días.
Actualmente, alrededor de 700 personas permanecen en el centro, y muchas ya han sido trasladadas a otras instalaciones.
La decisión ha sido celebrada por organizaciones defensoras del medio ambiente y derechos civiles, que consideran la medida como un triunfo en la lucha contra políticas migratorias que consideran inhumanas.
Por otro lado, funcionarios estatales han expresado su intención de apelar la sentencia y han anunciado planes para construir una nueva instalación en el norte de Florida.
Esta orden judicial representa un revés significativo para la agenda de detención masiva impulsada por la administración Trump y el gobierno de DeSantis.
La controversia en torno a “Alligator Alcatraz” pone de manifiesto las tensiones entre la seguridad fronteriza, la protección ambiental y los derechos humanos en el contexto de la política migratoria estadounidense.
Fuente: New York PostThe Guardian
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