La vice directora de la Dirección General de Estados Unidos en Cuba, Johana Tablada, reconoció durante una conferencia oficial que el Estado cubano retiene una parte del salario de los médicos enviados a cumplir misiones en el extranjero, confirmando lo que organizaciones internacionales y activistas han denunciado durante años.
En su intervención, titulada “Cuba frente al exterminio. Una esperanza que no debe morir. Actualización sobre el impacto del bloqueo y sus relaciones con EE.UU.”, la funcionaria explicó que los profesionales “saben desde el principio” las condiciones bajo las cuales son contratados, incluyendo la deducción de una parte de su salario.
“Sí es verdad que hay una parte de ese contrato… que va a la Salud Pública de Cuba”, admitió Tablada, quien defendió la práctica alegando que los fondos “no van a una clínica privada, sino para el pueblo cubano, para el Sistema de Salud Pública”.
La funcionaria justificó además que los médicos conocen el país de destino, la duración del contrato y el pago en divisas, y que en Cuba “se les mantiene su salario íntegro para que sus familias no sufran”. También negó que las misiones constituyan trata de personas o trabajo forzoso, insistiendo en que los cooperantes “pueden moverse libremente” en los países donde trabajan.
Como argumento adicional, Tablada comparó el sistema cubano con prácticas de instituciones médicas internacionales, mencionando la Clínica Mayo en Estados Unidos, donde —según dijo— parte de los ingresos tampoco llega directamente al profesional.
Sin embargo, sus declaraciones confirman un punto clave: el Estado cubano se apropia de una porción del salario que los médicos generan en el extranjero. Este mecanismo ha sido uno de los ejes más criticados de las misiones médicas, calificadas por varios gobiernos y organismos de derechos humanos como una forma de explotación laboral institucionalizada.
El Departamento de Estado de EE.UU. volvió a incluir a Cuba en el Nivel 3 del Informe sobre Trata de Personas (TIP 2025), la categoría más severa. El documento denuncia que el régimen mantiene un patrón de trata auspiciado por el Estado, especialmente a través de la exportación de servicios médicos, que generó 4,900 millones de dólares en 2022, según cifras oficiales.
El informe subraya que lo que La Habana presenta como “solidaridad médica” es en realidad un esquema de coerción y control, donde los profesionales son presionados, vigilados y amenazados con sanciones o represalias si no cumplen con los términos del contrato.
Mientras Tablada intenta defender el modelo como una forma de cooperación humanitaria, la comunidad internacional lo sigue señalando como una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano y una práctica que roza la esclavitud moderna.
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