La Embajada de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela emitió este jueves una nueva advertencia de viaje en la que insta a sus ciudadanos y residentes permanentes a no ingresar ni permanecer en el país sudamericano, en medio de un clima de creciente tensión entre Caracas y Washington.
La comunicación oficial advierte que viajar a Venezuela implica “graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”. El aviso también exhorta a reportar cualquier información sobre ciudadanos estadounidenses detenidos a la dirección consular @ACSBogota@state.gov.
El mensaje coincide con un nuevo despliegue militar en el Caribe. El mismo jueves, Washington anunció la incorporación de un escuadrón anfibio a su flota, que se ubicará en las cercanías de aguas venezolanas. Según el presidente Donald Trump, esta operación busca enfrentar a “organizaciones narcoterroristas” como el Cartel de los Soles, al que responsabiliza de coordinar junto a Nicolás Maduro y sectores militares venezolanos el envío de droga hacia Estados Unidos.
Desde Caracas, el régimen ha interpretado la medida como una amenaza directa. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió que todo extranjero que intente entrar al país de manera irregular “aquí se queda”, en clara referencia a las detenciones arbitrarias contra visitantes internacionales.
La preocupación de Washington no es infundada. De acuerdo con el Foro Penal, ONG que brinda asistencia a las víctimas de persecución en Venezuela, actualmente hay 948 presos políticos en el país. Entre ellos se cuentan 88 extranjeros, la mayoría encarcelados por motivos políticos o acusaciones infundadas.
Las cifras son alarmantes: 852 hombres y 96 mujeres permanecen en prisión, incluidos al menos 80 adultos mayores. En la lista también aparecen cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, lo que evidencia la amplitud de la represión.
El Foro Penal sostiene que muchos de estos detenidos fueron arrestados tras participar en protestas, expresar opiniones contrarias al régimen o simplemente ser extranjeros sospechosos. Aunque la organización ha podido documentar más de 80 casos de foráneos en prisión, estima que el número real podría ser mayor debido a la falta de transparencia de las autoridades.
La reiteración de la alerta de viaje refleja la profundización del deterioro de la situación en Venezuela. Washington ha insistido en que el régimen de Maduro no solo reprime a su población, sino que constituye una amenaza regional vinculada al narcotráfico y a violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Mientras tanto, la sociedad venezolana continúa marcada por crisis humanitaria, escasez de libertades y persecución política, factores que agravan la inseguridad para nacionales y extranjeros por igual.
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