A tan solo horas del arranque de una nueva caravana migrante denominada “Éxodo de la Justicia”, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al activista mexicano Luis García Villagrán, conocido defensor de derechos de migrantes, por su presunta implicación en delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada. Su detención ha generado controversia, pues ocurre en un momento de alta tensión migratoria y tras fuertes denuncias del propio activista contra instituciones del gobierno mexicano.
García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, fue aprehendido este martes 5 de agosto en la colonia Los Naranjos de Tapachula, Chiapas, a las afueras del Parque Bicentenario. Según el Registro Nacional de Detenciones, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad fronteriza con Guatemala.
El activista llevaba días organizando una nueva caravana migrante con alrededor de 2.000 personas, la mayoría cubanos, haitianos y centroamericanos, que buscan llegar a la Ciudad de México para solicitar refugio o mejores condiciones legales, sin necesariamente intentar cruzar a Estados Unidos. La movilización finalmente inició con aproximadamente 300 personas de al menos 12 nacionalidades, entre ellas cubanos, haitianos y venezolanos.
Previo a su arresto, García Villagrán había denunciado presuntos actos de corrupción dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), señalando que ambas instituciones estarían coludidas con el crimen organizado para controlar las rutas migratorias y extorsionar a migrantes a cambio de trámites, llegando a cobrar hasta 50 mil pesos mexicanos por permisos.
La detención ha sido calificada por algunos como un acto de persecución política. Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos Sin Fronteras, acusó al gobierno mexicano de buscar silenciar a los defensores de migrantes. “Luis estuvo denunciando al INM hace apenas dos días, y hoy lo acusan de delincuencia organizada. Esto es claramente político”, afirmó Mujica en entrevista.
El gobierno mexicano, por su parte, sostiene que la detención responde a una orden judicial previa, relacionada con investigaciones por tráfico de personas y una condena pasada de García Villagrán por secuestro y asociación delictuosa en 1997. Además, enfrenta una carpeta de investigación por presunta trata de personas, abierta en marzo de 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que García Villagrán no es un activista, sino alguien con antecedentes penales, y justificó la detención en el cumplimiento de la ley.
El caso ha generado inquietud entre organizaciones civiles, que ven en la aprehensión un mensaje intimidatorio hacia quienes apoyan a los migrantes. En tanto, la caravana avanza sin su principal organizador, en medio de un clima tenso y con la vigilancia de autoridades migratorias.
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