La Organización de Naciones Unidas (ONU) revisó en su sede de Nueva York una nueva versión del Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas, un documento clave para definir cómo los Estados interpretan hoy la trata, quién es considerado víctima y quién puede ser señalado como responsable. En ese debate, dos organizaciones cubanas pidieron introducir un punto que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente evitado: reconocer que un Estado también puede ser tratante.
Archivo Cuba y la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) presentaron una contribución escrita en la que solicitan que el Plan Mundial incluya explícitamente que los gobiernos, cuando diseñan y operan esquemas de explotación laboral, deben ser considerados tratantes y, por tanto, las personas afectadas deben recibir la misma protección que cualquier otra víctima.
La propuesta apunta directamente al sistema de misiones internacionalistas de Cuba, especialmente las brigadas médicas, un programa que La Habana presenta como cooperación solidaria pero que —según ambas organizaciones— constituye “uno de los casos de explotación laboral estatal más graves y documentados” del mundo.
El Estado cubano envía a decenas de miles de profesionales —médicos, enfermeras, docentes, deportistas, artistas— a trabajar en el extranjero bajo acuerdos bilaterales, triangulares o gestionados a través de organismos internacionales. Según datos oficiales, desde 2024 unas 26.000 personas se encuentran destacadas en 56 países. Lo que cambia, afirman las organizaciones, no es la cifra, sino la opacidad absoluta del modelo y el nivel de control que ejerce el gobierno sobre la vida de estos profesionales.
Los informes de la Relatoría de Trata de Personas de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de EE.UU. y el Parlamento Europeo han documentado patrones que se repiten en casi todos los destinos. Entre ellos:
– Retención del 50% al 95% del salario.
– Congelación de ingresos hasta regresar a Cuba, con riesgo de perderlos.
– Jornadas superiores a 60 horas semanales.
– Confiscación de pasaportes y títulos.
– Restricciones de movimiento y toques de queda.
– Vigilancia extrema y censura.
– Prohibiciones de relaciones con locales.
– Castigos penales de hasta ocho años por “abandono de misión”.
– Separación familiar prolongada y represalias a familiares.
– Reglamentos disciplinarios severos.
“Cuando un Estado impone estas condiciones, se apropia del salario, criminaliza el incumplimiento y persigue a quienes intentan salir del programa, ya no hablamos de un simple abuso laboral”, señala el documento. “Estamos ante prácticas que encajan en la definición internacional de trabajo forzoso y formas análogas a la esclavitud”.
Pero el señalamiento no se limita a La Habana. Archivo Cuba y ASIC sostienen que los Estados receptores también son responsables directos: firman acuerdos con pleno conocimiento de las violaciones documentadas y permiten que la legislación cubana se aplique extraterritorialmente en su territorio.
Los ejemplos abarcan regiones enteras: Venezuela, México, Guatemala, Honduras, Italia, Catar, Arabia Saudita, Argelia, Sudáfrica, Angola, Mozambique, Timor Leste y Vietnam, entre otros.
“Ningún gobierno comprometido con los derechos humanos puede esconderse detrás de la palabra ‘cooperación’ para legitimar un sistema de coerción que viola normas internacionales”, concluyen las organizaciones en su peticion.
La discusión ahora pasa a la ONU, donde el reto será determinar si el Plan de Acción Mundial se atreve —por primera vez— a nombrar explícitamente a los Estados como posibles tratantes. Un paso que podría redefinir por completo el combate global contra la explotación.
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