La situación sanitaria en Cuba continúa deteriorándose a niveles alarmantes, y lo que ocurre en el municipio de Palmira, en Cienfuegos, es el reflejo más claro del colapso del sistema de salud pública. Según reportes de la propia prensa oficialista, cada semana se diagnostican entre 250 y 350 casos con síndromes febriles, una cifra que deja en evidencia la magnitud de la crisis.
El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) confirmó que el virus del chikungunya está circulando activamente en la zona, y lo más preocupante es que alrededor del 90% de la población se encuentra bajo ingreso domiciliario, confinada por la enfermedad.
El país atraviesa una tormenta epidemiológica: dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche se propagan simultáneamente, mientras los hospitales permanecen saturados, sin recursos ni medicamentos. A ello se suman los virus estacionales que agravan aún más la capacidad de respuesta del sistema sanitario, ya incapaz de manejar ni siquiera los casos de gripe común.
En medio de este panorama, se multiplican las muertes que el gobierno intenta silenciar. En Villa Clara, una mujer identificada como Adelaida Yanes falleció por dengue hemorrágico, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. Días antes, en Cárdenas, Matanzas, un joven perdió la vida por la misma causa. Ambos casos generaron indignación y dolor entre los cubanos, especialmente ante el silencio del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Durante semanas, las redes sociales se han llenado de denuncias de ciudadanos que alertan sobre el aumento de contagios y fallecimientos, sobre todo en el occidente del país. Sin embargo, el gobierno ha minimizado la gravedad del brote y solo ahora, ante la presión pública, el MINSAP ha reconocido oficialmente tres muertes por dengue en lo que va de 2025.
La información fue dada a conocer por la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, quien aseguró que los decesos fueron confirmados “por estudios necrológicos y diagnóstico clínico previo”. No obstante, no se ofrecieron detalles sobre las edades, provincias o condiciones de los fallecidos, manteniendo el hermetismo que caracteriza la gestión sanitaria del régimen.
Mientras el gobierno insiste en hablar de “acciones de control” y “campañas de fumigación”, las cifras, el dolor y la desesperación de la gente cuentan otra historia: una emergencia sanitaria desbordada, donde los médicos hacen malabares para atender pacientes sin medicamentos y la población sobrevive entre apagones, enfermedades y desinformación oficial.
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