La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha ampliado su presión diplomática sobre el gobierno de Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, exigiendo cooperación en la investigación de altos funcionarios del chavismo que Washington considera implicados en actividades criminales, entre ellos el hijo del expresidente Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”.
Según reportes basados en una nota del diario español ABC, la Casa Blanca pidió formalmente a Rodríguez permitir que las autoridades venezolanas colaboren con las pesquisas judiciales que el Departamento de Justicia estadounidense sigue contra al menos nueve figuras del régimen chavista. La solicitud no solo incluiría la identificación y entrega de estas personas en el marco de las investigaciones, sino también el acceso a documentación y registros financieros vinculados a supuestas redes de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.
Además de Maduro Guerra, la lista de individuos sobre los que Washington busca avances en las pesquisas incluye a personalidades como el empresario Alex Saab, el financista Raúl Gorrín, el exvicepresidente Tareck El Aissami, así como a otros seis operadores cercanos al antiguo régimen.
La exigencia de Trump se produce en un contexto marcado por la ofensiva de Estados Unidos contra la estructura política y económica que sostuvo a Maduro durante años. Tras la operación militar del 3 de enero en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al expresidente en Venezuela y lo trasladaron a New York para enfrentar cargos federales, la Casa Blanca ha intensificado la presión para desmantelar lo que considera una red criminal transnacional.
Aunque el gobierno venezolano, bajo Rodríguez, enfrenta ahora el desafío de responder a estas demandas, fuentes legales señalan que la Constitución del país prohíbe la extradición de nacionales a jurisdicciones extranjeras, lo que complica cualquier transferencia directa de los señalados a la justicia estadounidense. Ante este escollo, Estados Unidos ha planteado mecanismos alternativos de cooperación judicial para avanzar con las indagatorias y potencialmente facilitar sanciones o procesamientos sin necesidad de extradición.
Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni la Casa Blanca han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre el alcance de estas exigencias o la respuesta de Rodríguez. La situación ocurre en medio de una relación bilateral tensa, reconfigurada tras los sucesos de principios de 2026 y en un momento crítico para el futuro político de Venezuela.
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